Golpe firme contra el crimen organizado: FGR obtiene condena y formal prisión en casos emblemáticos
Ciudad de México. En una clara muestra del compromiso del Estado mexicano con la justicia y el combate frontal al crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) logró importantes avances en dos casos emblemáticos, con lo que reafirma la eficacia de las instituciones de procuración de justicia en la Cuarta Transformación.
En primer lugar, la FGR, en coordinación con su representación federal en el estado de Jalisco, obtuvo una sentencia condenatoria de 31 años de prisión contra Juan Gabriel Orozco Favela, relacionado con el grupo delictivo conocido como Los Caballeros Templarios. La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, tras la presentación contundente de pruebas por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF).
Orozco Favela fue hallado culpable de diversos delitos, entre ellos: delincuencia organizada en la hipótesis de contra la salud, posesión de marihuana con fines de comercio, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Fue detenido en diciembre de 2011 en Morelia, Michoacán, en posesión de una carabina, una pistola semiautomática abastecida, cartuchos y cargadores.
Este fallo ejemplar es producto del trabajo técnico y jurídico de la FGR, que ha mantenido firme su labor para garantizar que quienes violenten la ley enfrenten las consecuencias que marca la legislación mexicana.
En otro hecho relevante, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, implicado en el controversial caso internacional “Rápido y Furioso”. Este individuo es señalado por su probable responsabilidad en la introducción clandestina a territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La detención fue realizada en Hermosillo, Sonora, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Tras los sólidos datos de prueba aportados por el MPF, el juez federal determinó su formal prisión, y el imputado fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora”.
Estos avances son reflejo del compromiso del Gobierno de México por mantener la paz y la seguridad del país, aplicando la ley con rigor, sin importar el tiempo que haya pasado desde la comisión de los delitos. La FGR continúa trabajando con independencia, profesionalismo y con apego irrestricto a los derechos humanos, reafirmando que en México no hay impunidad para quienes atentan contra la paz pública y la seguridad nacional.