Gobierno y productores unen esfuerzos para garantizar abasto de maíz y estabilidad en el precio de la tortilla

La Red de Maíz, que representa a más de 500 tortillerías y molinos de nixtamal en la Ciudad de México, hizo un llamado urgente al Gobierno de México para garantizar el suministro de al menos 2 millones de toneladas de maíz blanco anuales, indispensables para la producción de tortillas. La organización alertó sobre los riesgos de depender de grandes comercializadoras privadas que podrían recurrir a la importación de maíz transgénico, en contravención al decreto presidencial que restringe su uso.

Blanca Mejía Castillo, coordinadora de la Red de Maíz, enfatizó la necesidad de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), asegure el abasto de maíz. Esta medida, dijo, evitaría la especulación en precios por parte de intermediarios y fortalecería la producción nacional de tortillas elaboradas con masa de nixtamal.

La situación actual es preocupante, señaló Mejía Castillo, ya que las reservas de maíz blanco de la región del Bajío, provenientes de la cosecha del ciclo anterior, están a punto de agotarse. Aunque la cosecha otoño-invierno 2024 en Sinaloa está próxima a entrar, se prevé que su producción será menor a la del año pasado, cuando alcanzó entre 6 y 7 millones de toneladas. Para este ciclo, se estima un volumen de apenas 1.9 millones de toneladas, cifra insuficiente para satisfacer la demanda de los 110 mil negocios que integran la industria nacional de la tortilla.

Frente al panorama de incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de estabilizar y reducir el precio de la tortilla en al menos 10% durante su sexenio. Para ello, instruyó al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, a coordinarse con los productores y garantizar una política de abasto y precios accesibles.

Mejía Castillo destacó que se han establecido mesas de trabajo entre la Sader, las secretarías de Hacienda y Economía, Segalmex, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional Antisecuestros. En estas reuniones se han abordado temas críticos como el combate al comercio informal de tortillas, la inseguridad en los negocios, y el cobro de piso por parte del crimen organizado, que afecta principalmente a estados como Guerrero, Morelos, Guanajuato y Sinaloa, donde este ilícito puede representar un costo adicional de entre 2 y 4 pesos por kilogramo.

El precio promedio actual de la tortilla es de 22 pesos por kilo, y aunque hay quienes especulan sobre un posible incremento de hasta 40%, Mejía Castillo desmintió esta información. Explicó que los costos dependen de la cotización del maíz, que varía entre 6,900 y 7,400 pesos por tonelada, y aseguró que no hay justificación para un aumento desproporcionado.

“Estamos trabajando con las autoridades para garantizar el abasto y proteger a los consumidores. No permitiremos que intereses ajenos alteren el mercado de manera injustificada”, subrayó la coordinadora.

La conjunción de esfuerzos entre gobierno y productores busca no solo preservar la estabilidad del precio de la tortilla, sino también garantizar la seguridad alimentaria y combatir prácticas que perjudican a esta industria esencial para las familias mexicanas.