Gobierno refuerza lucha contra el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta una fuga fiscal de al menos 3 mil millones de pesos mensuales debido al contrabando de combustibles, especialmente diésel, según estimaciones de Andrés Gutiérrez Torres, director general del laboratorio de calidad de petrolíferos CIEFSA. Este fenómeno, conocido como huachicol fiscal, se da cuando los combustibles ingresan al país sin pagar los impuestos correspondientes y son comercializados en puntos clandestinos o utilizados por empresas con flotillas de vehículos.
De acuerdo con el especialista, el problema radica en que los contrabandistas usan fracciones arancelarias distintas para pasar los combustibles por las aduanas, evadiendo así el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros tributos. Aunque las estaciones de servicio cuentan con estrictos mecanismos de seguridad, como los controles volumétricos y los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), la venta de estos combustibles ilegales sigue ocurriendo, principalmente en sistemas de autoconsumo de empresas privadas.
El comercio ilegal de combustibles supera a las estaciones de servicio
Gutiérrez Torres explicó que, en muchos casos, las empresas transportistas, ranchos o cualquier negocio con una flotilla de vehículos instalan tanques clandestinos con dispensadores de gasolina para surtirse directamente, evitando comprar en gasolineras. Esta práctica se realiza sin los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y representa un riesgo tanto fiscal como de seguridad.
El atractivo de estos combustibles ilegales radica en su precio: hasta 7 pesos más baratos por litro en comparación con los costos de estaciones de servicio formales. Esto se debe a que estos productos evaden impuestos, como el IVA del 16 por ciento, y los importadores los ofrecen directamente a empresas dispuestas a abastecerse por vías irregulares.
El impacto de esta práctica es alarmante. Se estima que existen alrededor de 20 mil puntos de autoconsumo ilegales en el país, cifra que supera a las 13 mil 786 gasolineras registradas hasta el 31 de diciembre de 2024. Mientras que la CRE ha otorgado solo 350 permisos legales de autoconsumo, la gran mayoría de estos puntos de abastecimiento operan en la clandestinidad.
Los cálculos indican que el fisco pierde 3 mil millones de pesos al mes únicamente por esta práctica, lo que agrava aún más el impacto del mercado ilegal de combustibles en México. Según datos de la Secretaría de Energía (Sener), en 2021 este mercado ilícito representó 47 millones de barriles, generando una pérdida total de 64 mil millones de pesos para el Estado.
Boquete en las aduanas: el reto del gobierno federal
El combate al contrabando de combustibles ha sido una prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación. Durante el sexenio anterior, la Sener emitió un decreto para frenar esta práctica, detectando que la importación ilegal era llevada a cabo principalmente por empresas privadas. La estrategia consistió en impedir la importación de aceites minerales a partir de octubre de 2023, ya que estos productos eran utilizados para mezclarse con combustibles legales y evadir impuestos.
Sin embargo, el problema persiste debido a la baja capacidad de inspección en aduanas. Actualmente, solo una pequeña fracción de los líquidos que ingresan al país es analizada, ya que las muestras deben enviarse a laboratorios en la Ciudad de México para su verificación. En muchos casos, cuando se detecta que el producto no coincide con la declaración del importador, simplemente se le exige el pago correspondiente, sin aplicar sanciones más severas.
El reto para las autoridades es cerrar este boquete fiscal y fortalecer los controles en las fronteras, evitando que los combustibles ilícitos sigan afectando las finanzas públicas. La lucha contra el huachicol fiscal es clave para garantizar la recaudación de impuestos y evitar la proliferación de un mercado ilegal que pone en riesgo la seguridad energética del país.