Gobierno refuerza lucha contra desapariciones con respaldo de la Iglesia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes el envío de un paquete de iniciativas al Congreso de la Unión para combatir la desaparición de personas en México, una medida que ha sido bien recibida por la Iglesia católica. A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos expresaron su reconocimiento a la mandataria por atender este problema con acciones concretas.
“Valoramos que la Presidenta @Claudiashein atienda las voces de las familias que sufren la desaparición de sus seres queridos con acciones concretas. Reconocemos que queda un largo camino por recorrer; por ello, los obispos de México seguiremos acompañando a las familias y colaborando en la restauración del tejido social para alcanzar una convivencia justa y pacífica”, señaló la CEM en sus redes sociales.
El anuncio de la presidenta se dio durante su conferencia matutina, en el contexto del caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un sitio presuntamente utilizado por el crimen organizado para la desaparición forzada de personas. Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno de México ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la justicia.
Desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha trabajado en el fortalecimiento de la estrategia para localizar a personas desaparecidas y castigar este delito. Ahora, con la llegada de Sheinbaum, se consolida el esfuerzo con nuevas iniciativas que buscan garantizar la verdad, la justicia y la paz para las familias que han sido afectadas.
Si bien la Iglesia católica ha manifestado su preocupación por el fenómeno de las desapariciones, su postura ha sido clara al reconocer la voluntad del Gobierno Federal para atender el problema. Los obispos han señalado que seguirán colaborando con la sociedad y las autoridades para fortalecer el tejido social y construir un México más justo y seguro.
Con estas acciones, la administración de Sheinbaum refuerza su compromiso con la seguridad y los derechos humanos, apostando por una política integral que atienda las causas de la violencia y garantice justicia a las víctimas y sus familias.