Gobierno impulsa justicia social con nuevas facilidades para créditos del Fovissste
Ciudad de México. En una acción decidida para fortalecer el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado y avanzar hacia el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda, la Presidencia de la República publicó este domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que instruye al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a implementar una serie de programas enfocados en aliviar la carga financiera de miles de acreditados.
El decreto, firmado como parte del compromiso del Gobierno de México con la justicia social, establece que el Fovissste deberá promover mecanismos que hagan más accesible y justo el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Entre las medidas instruidas se encuentran la reducción o congelamiento de intereses en créditos activos, la cancelación o condonación de adeudos vencidos y de intereses moratorios, siempre que así lo determinen los lineamientos aprobados por la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y validados por su Junta Directiva.
De acuerdo con el documento oficial, estas acciones tienen como objetivo facilitar que los trabajadores del Estado ejerzan plenamente su derecho a una vivienda digna y adecuada, alineado con lo establecido en el artículo 4º constitucional. En ese sentido, se ordena también al Fovissste establecer prórrogas y nuevas facilidades de pago, adecuadas a la realidad económica de los acreditados, en un esfuerzo por hacer justicia a quienes han dedicado su vida al servicio público.
El fondo contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para presentar los programas derivados de esta disposición. Dichos programas deberán apegarse estrictamente a la Ley de Planeación, así como a las Reglas de Operación del Fovissste, garantizando transparencia, legalidad y eficiencia en su implementación.
Cabe subrayar que esta reforma mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad financiera del organismo, pues el decreto también establece la obligación de preservar la viabilidad del fondo en el corto, mediano y largo plazos. Esto asegura que el beneficio no sólo sea inmediato, sino que tenga impacto duradero para futuras generaciones de trabajadores del Estado.
Esta medida se inscribe en el marco de una política pública orientada a fortalecer los derechos sociales y económicos de los servidores públicos, quienes en muchos casos enfrentan cargas desproporcionadas derivadas de créditos adquiridos bajo condiciones onerosas. La iniciativa busca responder a una demanda histórica de miles de trabajadores, particularmente jubilados y pensionados, quienes han visto limitado su acceso a una vivienda segura y libre de cargas impagables.
El Gobierno de México reafirma así su compromiso de transformar las instituciones para ponerlas verdaderamente al servicio del pueblo, garantizando el derecho a una vida digna, sin deudas injustas ni condiciones crediticias desproporcionadas. Con estas acciones, se consolida un modelo de Estado que prioriza la justicia social y el bienestar colectivo por encima de intereses financieros.