Gobierno de Yucatán enfrenta con firmeza crisis heredada en transporte y apuesta por modelo con justicia social

Mérida, Yuc.— Con una visión clara hacia la transformación del sistema de transporte público y un llamado a la responsabilidad fiscal, el titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo, expuso ante el Congreso local el profundo déficit estructural que enfrenta la entidad en esta materia, provocado por decisiones heredadas del anterior gobierno estatal encabezado por el panista Mauricio Vila Dosal. Pese a ello, aseguró que la operación del sistema está garantizada al menos hasta el cierre de 2025 y que ya se trabaja en una ruta que priorice la eficiencia, el bienestar social y la sostenibilidad financiera.

Durante su Informe Anual de Actividades, Sosa Novelo —quien sustituyó a Rafael Hernández Kotasek al frente de la ATY— detalló que el modelo heredado apenas cubre el 41 por ciento de los costos actuales, lo que generará una necesidad de subsidios por más de 11 mil millones de pesos en los próximos seis años si no se realizan ajustes de fondo. El titular del organismo fue enfático al señalar que lo recibido no fue un simple caso de mala planeación, sino de un esquema orientado a garantizar beneficios a particulares a costa del erario.

“Este sistema no fue pensado para los usuarios, sino para asegurar rentas garantizadas para unos cuantos. No venimos a administrar el desastre, venimos a cambiar las cosas y a poner orden”, subrayó el funcionario estatal.

Entre las causas del desequilibrio financiero, Sosa Novelo explicó que destacan los pagos por kilómetros no recorridos, con un impacto de 264 millones de pesos anuales; tecnología adquirida a sobreprecio por más de 400 millones de pesos que no cumple con los estándares operativos, y pérdidas de hasta 30 millones de pesos por tarjetas inservibles compradas entre 2023 y 2024. Además, denunció que el contrato del Centro de Transporte Modal (Cetram) Norte obliga al estado a pagar 22.2 millones de pesos anuales durante 15 años sin que el inmueble pase a propiedad pública.

El transporte público en Yucatán, pese a las fallas heredadas, moviliza a más de 480 mil personas al día en Mérida, Kanasín, Umán y ciudades del oriente del estado como Valladolid y Tizimín. A pesar de ello, el titular de la ATY insistió en que “no se puede sostener un modelo financieramente insostenible” y convocó a los legisladores a construir un nuevo esquema basado en evidencia técnica, justicia social y eficiencia fiscal.

Para ello, anunció la elaboración de un estudio de movilidad actualizado, el primero en su tipo en Yucatán, que permitirá rediseñar el sistema a partir de datos reales sobre patrones de origen y destino, demanda por rutas y necesidades de los usuarios. Esta herramienta será fundamental para corregir las fallas estructurales y encaminar al estado hacia un transporte digno, justo y técnicamente viable.

Aunque la bancada del PAN —con 12 de los 35 diputados del Congreso local— rechazó los señalamientos del titular de la ATY, argumentando que “él tiene otros datos”, el resto del Congreso reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de emprender un cambio de fondo.

Con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno de Yucatán refrenda su compromiso con un transporte público que sirva al pueblo, no a intereses privados, y se coloca en la ruta de una transformación profunda que prioriza el bienestar colectivo sobre las rentas garantizadas del pasado.