Gobierno de México desmantela red criminal en aduanas; FGR investiga vínculos con robo de combustible y crimen organizado
Ciudad de México.— En un nuevo golpe contra la corrupción y el crimen organizado, el Estado mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), ha revelado la existencia de una red de al menos 555 empresas que operan en aduanas del país y que estarían vinculadas con actividades ilícitas, como la importación irregular de combustibles y el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta investigación surgió a raíz del aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel transportados por el buque Challenge Procyon, el cual pretendía ingresar el combustible de manera ilegal por el puerto de Altamira, Tamaulipas. Este hallazgo fue el punto de partida para identificar una estructura mucho más amplia y compleja que opera en puertos del Pacífico y el Golfo de México.
Entre las 555 empresas detectadas, destacan 109 que, bajo un aparente marco de legalidad, realizan operaciones de importación, exportación, distribución y comercialización de combustibles. De acuerdo con la FGR, varias de estas compañías están presuntamente relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, modalidad en la que se mezclan mecanismos legales e ilegales para evadir impuestos y blanquear hidrocarburos robados.
Las autoridades han identificado como presuntos operadores de esta red delictiva a las empresas Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles, las cuales, según las investigaciones, tendrían vínculos con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
La causa penal 325/2025, presentada ante la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, también implica a figuras de alto rango. Entre las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR se encuentran las de los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Los hermanos, conocidos como Los Primos dentro de la red delictiva, están acusados de tejer una estructura de corrupción al interior de la Secretaría de Marina, donde presuntamente gestionaban ascensos y promociones a cambio de favores y encubrimientos en favor de intereses criminales.
Este caso confirma el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de limpiar las instituciones y cerrar el paso a cualquier forma de corrupción e impunidad. La lucha frontal contra el crimen organizado se lleva a cabo sin concesiones, sin importar el rango o cargo de los involucrados.
El Estado mexicano reitera que no habrá tolerancia para quienes traicionen a la patria y se alíen con intereses criminales. Con firmeza, legalidad y voluntad política, se avanza en la transformación del país, donde la honestidad y la justicia son pilares del servicio público.