Gertz Manero denuncia omisión judicial: “¡No quiso analizar las pruebas!”

En una contundente declaración durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó su absoluto desconcierto ante la decisión del juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, quien resolvió no vincular a proceso por tráfico de personas al activista Luis García Villagrán, pese a la existencia de 75 pruebas aportadas por diversas autoridades federales.

“¡No había visto una cosa igual!”, exclamó el fiscal al referirse a la decisión judicial que permitió la liberación del imputado. García Villagrán, conocido organizador de caravanas de migrantes y defensor autodenominado de los derechos humanos, fue liberado el lunes del Centro de Reinserción Social 3 en Tapachula, Chiapas, tras una audiencia en la que el juez determinó no vincularlo a proceso por considerar que no existían pruebas suficientes.

Sin embargo, Gertz Manero expuso con claridad que las pruebas fueron obtenidas en un trabajo conjunto por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad federal, quienes reunieron cerca de 75 elementos que apuntan a la presunta responsabilidad del activista en actividades relacionadas con el tráfico de personas. Con base en esa contundente evidencia, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada en estricto apego a la legalidad.

“Detuvieron a la persona y cuando la llevamos frente al juez, éste no quiso siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades; dijo que, como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad”, explicó el titular de la FGR, subrayando la gravedad de que un juzgador desestime de forma tan arbitraria el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y justicia del país.

Ante esta situación, Gertz Manero anunció que no solo se apelará la resolución del juez Izquierdo Prieto, sino que también se abrirá una carpeta de investigación en su contra, a fin de esclarecer su proceder y deslindar responsabilidades. “Detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así”, advirtió el fiscal.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que, si bien Luis García Villagrán ha estado bajo el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas desde 2019, dicha condición no implica inmunidad frente a la ley ni exención de investigaciones cuando existen elementos que lo vinculen con delitos graves como el tráfico de personas.

Este pronunciamiento refleja el compromiso del Gobierno de México con la justicia y la legalidad, en defensa de los derechos de los migrantes y de la seguridad nacional. La omisión judicial señalada no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que también socava el esfuerzo institucional por combatir redes criminales que lucran con el sufrimiento humano.