FGR Defiende la Legalidad en el Caso Lozoya y Reafirma su Compromiso con la Justicia
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso firme y determinante en el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al anunciar que no devolverá la residencia incautada al implicado, manteniendo así su postura en la lucha contra la corrupción. Esta decisión se fundamenta en el peso de un aseguramiento adicional sobre el inmueble, vinculado a otro caso penal aún pendiente, destacando el compromiso de la FGR con la justicia y el estado de derecho en México.
La residencia en cuestión, situada en Residencial La Retama, en Lomas de Bezares, Ciudad de México, es un símbolo de los excesos y la corrupción que han manchado a la administración pública en años anteriores. Según las investigaciones de la FGR, Lozoya Austin adquirió esta propiedad por 3.4 millones de dólares, un monto que supuestamente recibió como soborno de Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México. Este pago habría sido a cambio de la autorización para que Pemex adquiriera la planta de Agronitrogenados, una operación que finalmente resultó ser fraudulenta.
Recientemente, Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, tomó la decisión de cerrar el caso argumentando retroactividad en la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio contra Lozoya Austin. La togada señaló que la compra del inmueble se realizó en 2012, mientras que la ley en cuestión se promulgó hasta 2019. Sin embargo, la FGR ha refutado este argumento, apoyándose en los artículos 12º y 6º transitorio de la ley, que establecen claramente que ningún acto jurídico sobre bienes sujetos a extinción de dominio puede ser legitimado retroactivamente, y que son legales los procedimientos de extinción iniciados tras la entrada en vigor de la ley, independientemente de la fecha del hecho ilícito.
La postura de la FGR ha sido fortalecida por el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en junio de 2021 examinó y avaló todos los artículos vigentes de dicha legislación, incluyendo los mencionados. La FGR, en su lucha incansable contra la corrupción, está presentando un recurso de apelación dentro del plazo legal establecido y se compromete a informar oportunamente sobre los alegatos que presentará en este importante caso.
Además, la FGR ha hecho énfasis en que la residencia no puede ser devuelta a Lozoya Austin, ya que está implicada en otra causa penal por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta situación complejiza aún más el caso, demostrando la profundidad y la seriedad de las acusaciones que enfrenta el ex director de Pemex.
En resumen, la FGR reafirma su compromiso inquebrantable con la justicia y el combate a la corrupción en México. La decisión de no devolver la residencia incautada a Emilio Lozoya Austin, y la impugnación contra la decisión de la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, son claros ejemplos de la determinación de la fiscalía por hacer prevalecer la ley y el orden en el país, en beneficio de la sociedad mexicana.