Familia de activista desaparecida denuncia falta de acción e intimidación en Oaxaca
A más de un mes de la desaparición de la defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez Martínez, su familia denuncia la falta de avances en la investigación y el incumplimiento de la promesa de localizarla con vida. Aracely Martínez, madre de Sandra, junto con sus hermanas Kisha y Kenia, se encuentran en plantón permanente frente al palacio de gobierno en Oaxaca, exigiendo acciones efectivas de las autoridades encabezadas por el gobernador Salomón Jara. Acompañadas por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las familiares reportaron haber sido víctimas de intimidación por parte de sujetos desconocidos.
Durante una conferencia de prensa, Kisha Domínguez criticó que, aunque lograron la apertura de mesas de trabajo con distintas instancias gubernamentales, no se ha producido ningún avance relevante en la búsqueda de su hermana. En sus palabras, las reuniones han sido meras formalidades sin resultados concretos. La familia también denunció actos de vigilancia e intimidación, señalando que en varias ocasiones han sido interceptadas por individuos vestidos de negro, quienes bloquean su paso con el objetivo de disuadirlas de continuar su activismo en favor de Sandra.
A pesar de que la familia cuenta con medidas cautelares, estas se limitan a un servicio de patrullaje que puede activarse llamando a un número de emergencia. Sin embargo, Aracely Martínez advirtió que esta medida es insuficiente ante la rapidez con que podrían sufrir una agresión, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Kisha Domínguez también destacó la falta de recursos destinados a la búsqueda de su hermana, mientras observan que el gobierno de Oaxaca ha gastado alrededor de seis millones de pesos en conciertos en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. La familia ve esta discrepancia en la asignación de recursos como una muestra de desinterés por parte del gobernador Salomón Jara.
Otra de las denuncias apunta al secretario de Gobierno, Jesús Romero, a quien acusan de filtrar información de la investigación a los medios y de revictimizar a Sandra. Según las hermanas de la activista, Romero ha sugerido que el crimen organizado es la principal línea de investigación, exponiendo a la familia y aumentando su riesgo. Yésica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario, señaló que esta actuación podría constituir un delito contra la administración de justicia. Sánchez Maya exigió que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie una investigación contra Romero, quien, asegura, ha vulnerado el derecho de la familia a una búsqueda y un proceso legal imparcial y autónomo.
La situación, explicó Sánchez Maya, evidencia una invasión de competencias por parte de Romero, quien se ha erigido como vocero del caso sin ser parte de la fiscalía, lo que afecta gravemente el estado de derecho en Oaxaca. La defensora urgió a las autoridades a respetar la independencia de la FGE y a proteger a la familia de Sandra Domínguez, quien sigue en estado de vulnerabilidad debido a la falta de discreción en el manejo del caso.
Por último, la familia también lamentó la falta de seguimiento del propio gobernador Salomón Jara. Según explicaron, durante una reunión con el mandatario, este les proporcionó un número de contacto directo, pero al intentar comunicarse para obtener actualizaciones del caso, sus mensajes han sido ignorados.