Exigen una Política Rural Integral para Prohibir Plaguicidas Peligrosos en México

En el marco del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, más de 500 organizaciones, académicos y especialistas agrícolas han alzado la voz en defensa de la salud pública y la protección ambiental en México. A través de una carta dirigida a diversas instituciones federales, los firmantes instaron a profundizar la transformación de los sistemas agrícolas mediante una política rural integral que contemple la reducción y eventual prohibición de plaguicidas altamente peligrosos.

La misiva, enviada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, señala que persiste en México un régimen regulatorio “neoliberal y discrecional”. Según el documento, dicho esquema beneficia a grandes corporaciones agroquímicas, mientras pone en riesgo los derechos humanos, la salud de la población y los ecosistemas.

Los firmantes subrayaron que, a pesar de los esfuerzos realizados durante administraciones pasadas, los organismos reguladores no han priorizado el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos. En México, aún se encuentran autorizados 204 plaguicidas altamente peligrosos, cuya toxicidad puede ocasionar daños severos a la salud humana, desde intoxicaciones agudas hasta enfermedades crónicas como cáncer y alteraciones hormonales. Estos productos también afectan gravemente a la biodiversidad, incluyendo organismos acuáticos y polinizadores como las abejas, fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.

Además, se destacó que 151 de estos plaguicidas están prohibidos o no autorizados en países con los que México tiene acuerdos comerciales. Esta situación, señalan, evidencia un rezago en las políticas nacionales frente a estándares internacionales más restrictivos y responsables.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran colectivos de amplia trayectoria en la defensa ambiental y los derechos humanos, como Abejas Cine, Agrupación Un Salto de Vida, Agua para Todos, Agua y Bosques para la Vida, Binigulazáa, Biólogos por el Ambiente y la Actualización Educativa, y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal. Estas organizaciones reclaman que México adopte medidas urgentes para prohibir gradualmente estos químicos dañinos y sustituirlos por prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas del medio ambiente.

La carta también pone énfasis en la persistencia de un modelo agrícola basado en el uso intensivo de insumos químicos, producto de décadas de políticas neoliberales. Este enfoque no solo ha deteriorado los suelos y los recursos hídricos, sino que también perpetúa un sistema de producción que prioriza el interés corporativo sobre la seguridad alimentaria y la salud de la población mexicana.

Los firmantes abogan por una reforma profunda que fortalezca los organismos reguladores, garantice la protección del interés público y fomente la transición hacia un modelo de agricultura ecológica y sustentable. Así, buscan no solo eliminar gradualmente el uso de plaguicidas peligrosos, sino también establecer una política rural integral que impulse prácticas agrícolas que beneficien tanto a los productores como al medio ambiente.

Con esta iniciativa, las organizaciones llaman al Gobierno de México a demostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos, la salud pública y la conservación ambiental, consolidando una política agroalimentaria acorde con los principios de justicia social y sustentabilidad.