Exigen Justicia Energética: La Red Nacional de Resistencia Civil Contra Abusos de la CFE
La Red Nacional de Resistencia Civil, en un movimiento sin precedentes, ha interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar lo que consideran una serie de violaciones de derechos humanos perpetradas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en nueve estados de México. La situación es alarmante, con reportes de cobros de energía eléctrica alcanzando cifras astronómicas de hasta 300 mil pesos.
Desde su formación en 2009, la Red ha sido una voz constante en la lucha por los derechos de los usuarios de electricidad, enfocándose en las comunidades y barrios de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. A pesar de un convenio previo con la CFE, prometiendo respeto y diálogo, la organización denuncia que siguen sufriendo abusos.
La queja presentada el 8 de diciembre destaca una serie de injusticias: cobros exorbitantes, falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, apagones constantes y, lo más preocupante, amenazas y acoso hacia los usuarios. La Red denuncia prácticas como cobros extrajudiciales, instalación de medidores digitales sin consentimiento y cortes de energía con intervención de la fuerza pública.
A pesar de solicitudes de comentarios por parte de La Jornada, la CFE ha mantenido un preocupante silencio sobre estas acusaciones.
Los representantes de la Red han intentado, sin éxito, abrir canales de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la CFE y las comisiones de energía del Congreso, buscando un reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano fundamental. Nathaniel Hernández, vocero de la organización, enfatiza los históricos abusos de la CFE, incluyendo cobros excesivos y la criminalización de aquellos que se organizan en resistencia.
La propuesta de la Red a la Segob es clara: mesas de trabajo para reformar los artículos 3 y 4 de la Constitución, mitigando así los riesgos y amenazas que enfrentan los usuarios a nivel nacional. Hernández recuerda que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno ha mostrado menos apertura para resolver estos problemas.
La Red subraya que los altos costos no son una cuestión de deseo de pago, sino de facturas injustificadas y abusivas, especialmente gravosas para poblaciones rurales con ingresos limitados o áreas urbanas donde la gente vive al día. Han reivindicado su posición mediante la resistencia civil, negándose al pago y retomando el control de los servicios en sus comunidades frente a intervenciones de la CFE.
Entre sus exigencias, la Red demanda la condonación de deudas por parte de la CFE y un “borrón y cuenta nueva”, asegurando el acceso y reparación del suministro eléctrico tanto en zonas urbanas como rurales. Además, proponen una tarifa eléctrica social y justa, adaptada a la realidad económica, social y climática de cada región.
Finalmente, la organización insiste en que la energía eléctrica debe ser vista no como una mercancía, sino como un derecho humano esencial, y están determinados a hacer valer este principio.