Exigen Justicia en Mitin de Rocío Nahle por Caso de Abuso Policial en Veracruz
Durante el reciente mitin de la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, Rocío Nahle García, en Lerdo de Tejada, se vivieron momentos de tensión y reclamo por parte de familiares y amigos de Brandon Arellano, joven asesinado por policías de dicho municipio. Armados con pancartas y cartulinas, los manifestantes exigieron justicia para Brandon y para las decenas de casos de abuso policial en la región que, según denuncian, han sido ignorados por la administración actual.
Erika María Cruz Hernández, madre de la víctima, compartió su frustración frente a la lentitud y las irregularidades en el proceso judicial que busca esclarecer el homicidio de su hijo. A pesar de que dos policías han sido vinculados al caso, aún queda un uniformado prófugo, y numerosas complicaciones han impedido que el proceso avance adecuadamente hacia la identificación y condena de todos los responsables.
La manifestación no solo buscó visibilizar el caso de Brandon sino también expresar el hartazgo de la comunidad ante los continuos abusos de autoridad en Lerdo de Tejada. Sin embargo, el intento de dialogar directamente con Nahle García no fructificó, ya que la candidata señaló tener compromisos previos con su campaña que le impidieron atender personalmente a los inconformes.
La señora Cruz Hernández hizo un llamado enfático a quien resulte electo en las próximas elecciones a gobernador de Veracruz, subrayando la urgencia de resolver este caso y asegurar que se haga justicia para Brandon Arellano. Asimismo, criticó la falta de atención del gobernador actual, Cuitláhuac García Jiménez, hacia esta y otras situaciones similares, lo que ha motivado a los ciudadanos de Lerdo de Tejada a continuar sus movilizaciones.
“El llamado que yo les hago es que atiendan a los ciudadanos, que no solo vengan a pedir votos, que se detengan a escuchar, a ver las problemáticas”, declaró Cruz Hernández, resaltando que la demanda de justicia trasciende el simple pedido y constituye una obligación gubernamental. Este caso pone en relieve la necesidad de un cambio en la manera en que se abordan los derechos humanos y la seguridad pública en Veracruz, con miras a restaurar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.