Exigen freno a abusos del INM contra solicitantes de refugio
La Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana (Ibero) ha solicitado a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que asuma su responsabilidad y permita el avance de un amparo directo con el que se busca el reconocimiento de violaciones a los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en aeropuertos. De acuerdo con la clínica, agentes migratorios han impedido injustamente el ingreso de personas necesitadas de refugio a territorio mexicano.
Luis Xavier Carrancá, abogado de la clínica, advirtió que es urgente poner un alto a la impunidad en la que operan los funcionarios del INM y garantizar reparación a las víctimas, ya sea mediante una indemnización, garantías de no repetición o incluso disculpas públicas.
El amparo directo en cuestión busca activar un mecanismo de responsabilidad patrimonial contra el Estado por daños causados a personas extranjeras que han sido rechazadas arbitrariamente en aeropuertos. El caso llegó a la Segunda Sala de la SCJN y fue admitido cuando estaba bajo la ponencia del entonces ministro Luis María Aguilar. No obstante, tras la salida de Aguilar, el expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien ha planteado que el asunto no sea admitido, argumentando que no se han reclamado problemas de constitucionalidad de manera suficiente. La resolución del proyecto será revisada en la sesión de mañana.
Este litigio tiene su origen en el caso de un ciudadano venezolano que, en 2018, fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a pesar de manifestar su intención de solicitar refugio. Carrancá explicó que, en lugar de atender su solicitud conforme al derecho internacional, los agentes del INM le fabricaron un acta de rechazo basada en una mentira, afirmando que el joven había declarado ser turista y no pudo acreditar su plan de viaje.
Según el abogado, el venezolano fue incomunicado y presionado para aceptar su deportación. Fue enviado de regreso a Venezuela, pero su madre, quien ya tenía condición de refugiada en México, logró que se trasladara a Colombia. Posteriormente, con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Ibero, el joven pudo regresar a México. Sin embargo, antes de ser liberado, permaneció retenido en el aeropuerto durante cinco días y posteriormente fue trasladado a una estación migratoria, donde estuvo detenido otros diez días.
Carrancá denunció que, aunque un juez ordenó al INM que no rechazara al venezolano, la resolución judicial no abordó otros abusos cometidos por la autoridad migratoria, como la intimidación, la incomunicación arbitraria, la falsificación del acta de rechazo y el intento de devolución.
Ante estos hechos, la clínica solicita que se active el mecanismo de responsabilidad patrimonial, el cual está sustentado en la Constitución y permite que el Estado repare los daños ocasionados a ciudadanos o extranjeros cuando su administración actúa de manera irregular. Con esta acción, se busca sentar un precedente para evitar que el INM continúe operando con discrecionalidad y vulnerando los derechos humanos de quienes buscan protección en México.