Exigen a EE.UU. cerrar centros de detención al aire libre para migrantes
Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigir al gobierno de Estados Unidos el cierre inmediato de los llamados “centros de detención al aire libre”. En estos sitios, administrados por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), miles de personas en situación irregular enfrentan condiciones inhumanas y tratos crueles, denuncian activistas.

La audiencia, solicitada por diversas organizaciones civiles, puso en la mira el incremento de estos centros improvisados en territorio estadounidense. Sin embargo, la respuesta del gobierno de EE.UU. fue evasiva. El embajador interino Thomas Hastings cuestionó la CIDH por realizar más “audiencias temáticas” en lugar de abordar “casos específicos”. Afirmó que Washington ya ha dado respuesta en otras ocasiones sobre su postura jurídica y restó importancia a las preocupaciones de los activistas.
A pesar de la postura oficial de EE.UU., Lilian Serrano, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, denunció que al menos ocho de estos centros operan en California. Son espacios sin infraestructura básica donde los migrantes, incluidos niños y familias enteras, quedan expuestos al clima extremo sin acceso a agua o alimento suficientes. Además, hay denuncias de abusos, como requisas forzadas y registros indebidos a mujeres por parte de agentes varones sin protocolos adecuados.
Pedro Ríos, director en San Diego del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, relató que el primer registro de un centro de este tipo se dio en octubre de 2022. Desde entonces, estos sitios han operado sin regulación y sin cifras oficiales sobre el número de migrantes afectados. De septiembre a diciembre de 2023, aproximadamente 50 mil personas fueron liberadas desde estos lugares hacia la comunidad, aunque la cifra real de quienes pasaron por estas detenciones podría ser mucho mayor.
Ian Seruelo, presidente del Consorcio por los Derechos de Inmigrantes de San Diego y voluntario en uno de estos centros, conocido como Whiskey 8, expuso la dura realidad que viven los migrantes en estos lugares. “Soy testigo de las condiciones infrahumanas y del trato degradante. He visto a muchas personas sin acceso a agua ni comida durante largos periodos, soportando temperaturas extremas y niños esperando días enteros antes de ser procesados”, denunció.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, recordó que un tribunal federal de EE.UU. ya ha ordenado el cierre de estos centros y cuestionó al embajador Hastings sobre la respuesta del gobierno estadounidense a esta disposición. También preguntó si han atendido las recomendaciones de la Comisión para garantizar que las detenciones de migrantes cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.
No obstante, la respuesta de Hastings fue breve y ambigua. Con solo un minuto de intervención, se limitó a decir: “Puedo escuchar y tomar nota”. Esta postura ha generado aún más críticas de las organizaciones civiles, que exigen acciones concretas y el cierre inmediato de estos centros de detención al aire libre.
El reclamo de las organizaciones migrantes refleja una preocupación creciente sobre el trato que Estados Unidos brinda a quienes buscan refugio o mejores oportunidades de vida. La falta de infraestructura, los abusos documentados y la indiferencia oficial han encendido las alarmas, dejando en evidencia una crisis humanitaria que, lejos de resolverse, parece agravarse con el tiempo.