Ex Secretario de Salud de Chihuahua vinculado a proceso penal por uso ilegal de atribuciones y contratación irregular de deuda pública
El ex secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, ha sido vinculado a un proceso penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Se le acusa de haber contratado deuda pública irregular por un monto de 401 millones 364 mil 155 pesos durante el último año de la administración del panista Javier Corral Jurado (2016-2021).
El juez de control César Alberto Villalba Máynez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, determinó que existen pruebas suficientes para abrir el proceso en contra del ex funcionario. Se han acreditado violaciones a los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y de los Municipios.
Fernández Herrera enfrentará los cargos en libertad condicional, ya que el delito que cometió no se considera grave. Sin embargo, deberá cumplir ciertas condiciones, como entregar su pasaporte, presentarse semanalmente a firmar y pagar una fianza de 800 mil pesos.
El ex secretario de Salud fue arrestado el domingo pasado y fue ingresado al Centro de Reinserción Social número 1 del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción del estado lo acusa de tramitar un préstamo bancario sin autorización del Congreso local, seis meses antes de que concluyera la gestión de Corral Jurado, lo cual viola la ley mencionada.
Según el Ministerio Público, Eduardo Fernández adquirió la deuda a través de un convenio en el cual cedió recursos del Instituto Chihuahuense de la Salud a cambio de financiamiento para el pago de acreedores. Este convenio, firmado el 3 de marzo de 2021, implicó el pago de intereses por un monto de 24 millones 114 mil pesos.
En su rol como secretario de Salud, Fernández encabezó la firma de un acuerdo de financiamiento “atípico” para recibir los 401 millones, que debían pagarse en seis mensualidades parciales, según destacó el fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín.
El juez Villalba Máynez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual la fiscalía recopilará pruebas adicionales y los abogados defensores prepararán la defensa del imputado.