EU acusa a empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex
Ciudad de México.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, señalados de participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, con el objetivo de manipular licitaciones y obtener contratos millonarios.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían entregado artículos de lujo, incluyendo mercancías de las marcas Louis Vuitton y Hublot, así como pagos en efectivo, cuyo valor total se estima en 150 mil dólares, para asegurar contratos por al menos 2.5 millones de dólares.
Rovirosa Martínez, de 46 años, fue arrestado y procesado en el distrito sur de Texas, mientras que Ávila Lizárraga, de 61 años, se encuentra prófugo. Ambos enfrentan cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por tres violaciones sustanciales de la misma legislación. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, advirtió que “no se tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.
Según la acusación, al menos tres funcionarios de Pemex habrían recibido los sobornos durante el periodo investigado. El objetivo era asegurar que las empresas vinculadas con Rovirosa obtuvieran y retuvieran lucrativos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
Perfil de los acusados
Rovirosa Martínez es abogado egresado de la Universidad Olmeca y fundador de Roma Energy Holdings, compañía de exploración y producción de hidrocarburos con sede en Texas. Las autoridades estadounidenses también lo señalan por supuestos vínculos con cárteles mexicanos.
Ávila Lizárraga, por su parte, fue funcionario de Pemex entre 2010 y 2012. Durante su gestión, recibió una sanción administrativa por otorgar contratos de manera irregular a la empresa Oceanografía, envuelta en anteriores escándalos de corrupción.
El gobierno estadounidense indicó que, de acuerdo con las investigaciones, entre 2019 y 2021 los acusados, junto con otras personas, conspiraron para ofrecer sobornos a cambio de contratos y ventajas comerciales, afectando la transparencia del proceso de licitación en la petrolera estatal mexicana.
Un juez federal en Texas determinará la sentencia en caso de que se dicte condena, considerando las guías de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el paradero de Ávila Lizárraga y posibles cómplices.