Estados fortalecen estrategias para recibir a migrantes deportados por políticas de Donald Trump
En respuesta a las nuevas políticas migratorias de la administración estadounidense liderada por Donald Trump, los gobiernos de Chiapas, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, así como organizaciones civiles de Morelos y Querétaro, han comenzado a implementar estrategias para recibir a los migrantes mexicanos que podrían ser deportados en los próximos meses.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, subrayó que la entidad es la principal receptora de deportados. “Vamos a recibirlos con los brazos abiertos”, declaró, añadiendo que ya trabajan en coordinación con la Secretaría de Gobierno para garantizar el transporte público hacia la región del Soconusco o la capital, Tuxtla Gutiérrez. Ramírez destacó la valiosa mano de obra calificada de los migrantes en oficios como albañilería, carpintería y producción agrícola, que se integrarán en la economía estatal.
En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que alrededor de cuatro millones de michoacanos residen en Estados Unidos, muchos de ellos sin documentación legal. Ante posibles deportaciones masivas, explicó que las repatriaciones podrían realizarse a través de vuelos hacia aeropuertos internacionales como el de Morelia, el cual atiende mayoritariamente a indocumentados provenientes no solo de Michoacán, sino también de Guanajuato, Guerrero y el Estado de México.
En Veracruz, el gobierno estatal está diseñando programas de empleo y apoyo para los migrantes que retornen a la entidad. Mientras tanto, en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal detalló que se preparan para recibir a hasta 15 mil connacionales sin documentos, recordando que históricamente la región ha enfrentado flujos significativos de deportaciones.
En Morelos, Verónica Giles, directora general de atención a los migrantes, anunció la instalación de un albergue en colaboración con el DIF estatal para brindar hospedaje temporal a quienes lleguen a la entidad. Asimismo, la organización Migrantes Unidos en Caravana A.C. iniciará una campaña de información jurídica dirigida a la comunidad migrante en Querétaro, buscando orientarles sobre sus derechos y recursos legales.
Sin embargo, no todas las regiones muestran disposición para recibir a los repatriados. Colectivos de Derechos Humanos condenaron las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien afirmó que su estado no se considera un lugar santuario para personas en movilidad humana, limitando la permanencia de posibles deportados en su territorio.
Además, las mismas organizaciones denunciaron un operativo violento ocurrido el pasado 17 de enero, en el que agentes del Instituto Nacional de Migración, policías antimotines, la Guardia Nacional y policías municipales participaron en acciones de contención hacia migrantes.
Ante este panorama, se observa una respuesta variada entre las entidades federativas, con algunos gobiernos impulsando medidas humanitarias y otros marcando distancias ante la posible crisis migratoria. Las acciones anunciadas reflejan el compromiso de varios estados y organizaciones civiles para garantizar un retorno digno y seguro a los connacionales afectados por las políticas migratorias de Estados Unidos.
Esta situación subraya la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil para enfrentar los retos que surgen en torno a los derechos y el bienestar de los migrantes mexicanos.