Escándalo Político en Nuevo León: Gobernador Samuel García Acusado de Violencia de Género

En un acontecimiento que ha sacudido el panorama político del estado de Nuevo León, tres diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han presentado una denuncia formal contra el gobernador Samuel García, acusándolo de violencia política en razón de género. La denuncia fue entregada en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde un grupo de manifestantes se congregó para mostrar su apoyo a las legisladoras y exigir justicia.

Las diputadas Cecilia Robledo, Lorena de la Garza y Perla Villarreal han acusado al gobernador García de someterlas a amenazas, extorsiones, chantajes y presiones para que renuncien a sus cargos o voten de acuerdo a sus intereses políticos. Estas acusaciones han provocado una profunda preocupación en la esfera política de Nuevo León y a nivel nacional.

La denuncia presentada ante la Oficialía de Partes del INE incluye una solicitud de medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva, con el objetivo de poner fin al hostigamiento que estas diputadas han enfrentado. Lorena de la Garza, una de las legisladoras denunciantes, afirmó que llevan “prácticamente un año siendo acosadas” y que el gobernador García ha infringido hasta 30 de los 38 elementos considerados como violencia política en razón de género.

Estas valientes mujeres no solo han enfrentado presiones ellas mismas, sino también sus familiares han sido objeto de intimidaciones, según han relatado. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de erradicar la violencia política de género en la política mexicana y asegurar que las mujeres puedan participar en ambientes libres de intimidación y amenazas.

Mientras las diputadas presentaban su denuncia en el INE, dentro del edificio tenía lugar la sesión del consejo general del Instituto Nacional Electoral. En una entrevista posterior, la consejera Norma de la Cruz expresó su lamento por la reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eliminó un párrafo en el que el INE exhortaba a los partidos políticos a “valorar” si sus candidatos a cargos de elección popular estaban incluidos en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

De la Cruz destacó la importancia de mantener un registro nacional de personas sancionadas por violencia política, incluso si las sanciones son de naturaleza administrativa. Señaló que este registro no solo visibiliza a quienes han cometido actos de violencia política, sino que también sirve como medida inhibitoria para que los partidos políticos no postulen a candidatos con antecedentes de este tipo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal de eliminar esta recomendación ha generado un mensaje contradictorio en relación con el compromiso de combatir la violencia política de género. La consejera Norma de la Cruz afirmó que se espera que los partidos políticos nacionales y locales asuman su responsabilidad y postulen candidatos intachables, especialmente en un contexto legislativo donde los violentadores ya no deberían ser aceptables.

El registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género es una herramienta importante para garantizar que las mujeres puedan participar en la política sin temor a sufrir violencia o intimidación. Este registro, que incluye a más de 300 personas sancionadas, abarca desde diputados y diputadas hasta presidentes municipales. La existencia de este registro busca desalentar la postulación de candidatos con historiales de violencia política.

La consejera De la Cruz enfatizó que la responsabilidad de nominar candidatos recae en los partidos políticos, y es imperativo que tomen medidas para garantizar que sus candidatos sean intachables en materia de violencia política de género. En un momento en que la legislación ha evolucionado y se ha vuelto más enfocada en garantizar la igualdad de género y la protección contra la violencia política, los partidos tienen la responsabilidad de actuar con responsabilidad y ética.

La denuncia presentada por las diputadas del PRI contra el gobernador Samuel García ha generado un debate sobre el papel de las instituciones y los partidos políticos en la lucha contra la violencia política de género. La sociedad espera que se realice una investigación exhaustiva y justa para determinar la veracidad de las acusaciones y que se tomen las medidas necesarias para proteger a las diputadas y prevenir futuros casos de violencia política.

Por su parte, el gobernador Samuel García aún no ha respondido públicamente a las acusaciones en su contra. Su reacción ante estas serias acusaciones será clave para la percepción de su gobierno y su liderazgo en Nuevo León. La denuncia presentada ante el INE representa un paso importante en la lucha contra la violencia política de género en México y un recordatorio de la importancia de garantizar la igualdad y la seguridad de las mujeres en la política.