Escándalo: Funcionario en SCJN Gana Más que el Presidente
En un reciente pronunciamiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha revelado una polémica situación en relación con los salarios y beneficios de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación (PJN). Según lo expuesto por el mandatario en su rueda de prensa matutina de este lunes, un nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ricardo Márquez Blas, ex colaborador del controvertido Genaro García Luna, ha sido contratado por la ministra presidenta Norma Piña con un salario mensual de 122 mil pesos, una cifra que supera el sueldo del propio presidente y viene acompañada de una serie de prestaciones financiadas con recursos del erario público.
Esta revelación ha provocado un nuevo debate en torno a los sueldos y beneficios en el Poder Judicial. López Obrador criticó duramente lo que considera como una violación a la Constitución, ya que los salarios de algunos funcionarios judiciales superan el de él como presidente. En palabras del mandatario: “Actualmente violan la Constitución, se ampararon para ganar más que el presidente de la República”.
Ricardo Márquez Blas, recientemente nombrado como coordinador de fortalecimiento institucional en la SCJN, es un ex colaborador del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El salario de Márquez Blas se sitúa en 122 mil pesos mensuales netos, lo cual resulta superior al sueldo del presidente, y esta suma no incluye las múltiples prestaciones que también le son otorgadas.
Entre las prestaciones mencionadas por López Obrador se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, aportaciones al Fondo de Vivienda del ISSSTE, depósito para el ahorro solidario, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida personal, seguro colectivo de retiro, estímulo por jubilación, pago de defunción, licencia prejubilatoria, estímulo del Día del Padre, ayuda por incapacidad médica permanente, estímulo por antigüedad y ayuda de gastos funerarios.
El presidente también resaltó que, si bien Márquez Blas es considerado un servidor público de nivel medio, los ministros de la SCJN perciben salarios aún más elevados y cuentan con un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. López Obrador aprovechó la ocasión para criticar lo que considera “excesos financieros” en el Poder Judicial y pidió al Poder Legislativo analizar con cuidado el presupuesto del próximo año para dicho poder.
El llamado a la reforma del Poder Judicial por parte del presidente ha sido un tema recurrente en su mandato. López Obrador ha sostenido que es necesario llevar a cabo cambios que garanticen la transparencia, la eficiencia y la justicia en el sistema judicial. Sin embargo, también ha reconocido la dificultad de lograr tales reformas, ya que los miembros del PJN podrían resistirse a cambios que afecten sus privilegios.
El presidente hizo énfasis en que la última palabra la tiene el pueblo a través de las elecciones. En este sentido, recordó que aunque el Congreso pueda recortar el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año, es posible que los miembros de dicho poder busquen ampararse y desobedecer la Constitución, contando con el respaldo de ciertos sectores y medios de comunicación.
López Obrador también aprovechó para mencionar un caso que considera ilustrativo de los problemas en el Poder Judicial. Hizo referencia al ministro Luis María Aguilar, quien ha mantenido archivado por ocho meses un expediente relacionado con una deuda millonaria de la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, mientras que otorgó rápidamente amparos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para evitar la entrega de libros de texto gratuitos.
La revelación sobre el salario de Ricardo Márquez Blas y las prestaciones otorgadas a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación ha intensificado el debate en torno a la equidad salarial y los beneficios en las instituciones gubernamentales. Mientras la SCJN continúa siendo objeto de escrutinio público, la discusión sobre la necesidad de reformar el sistema judicial y garantizar la justicia y la transparencia en todos sus niveles parece estar lejos de concluir.