Escándalo: Exalcalde de Iguala, principal sospechoso de desaparición de los 43 normalistas, es exonerado
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, expresó su condena ante la exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de secuestro de los estudiantes.
Durante una reunión celebrada el pasado 26 de mayo en Palacio Nacional, en la que estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, se informó a los padres de los normalistas que el exalcalde de Iguala y otras personas serían absueltos por el delito de secuestro.
Ante esta noticia, la madre del normalista afirmó que la decisión tomada por un tribunal federal con residencia en Matamoros, Tamaulipas, fue un desatino, ya que los padres de los estudiantes consideran a José Luis Abarca como uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
Cristina Bautista señaló que José Luis Abarca, en su calidad de presidente municipal en ese entonces, tenía conocimiento de lo que sucedía y es el responsable de la desaparición de sus hijos.
Hasta el momento, las reuniones con el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, no han arrojado avances significativos en las investigaciones, según manifestó la madre de Benjamín Ascencio.
Además, Bautista hizo hincapié en los obstáculos que aún persisten para que las Fuerzas Armadas entreguen información relevante que pueda ayudar a esclarecer el caso. Criticó también el hecho de que, a pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está próximo a concluir, el caso siga estancado, a pesar de las promesas hechas durante la campaña electoral para esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido uno de los más emblemáticos y dolorosos en la historia reciente de México. La desaparición de los estudiantes ha generado indignación y movilización social a nivel nacional e internacional.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y elementos del crimen organizado, lo que resultó en la desaparición de los 43 jóvenes. Desde entonces, los padres y familiares de los normalistas han luchado incansablemente por conocer la verdad y exigir justicia.
Las investigaciones oficiales han sido objeto de críticas y cuestionamientos debido a las múltiples irregularidades y a la falta de avances significativos. La falta de transparencia y la ausencia de respuestas concretas han generado desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El caso ha puesto de manifiesto la problemática de la desaparición forzada en México y ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y persecución de este delito, así como de garantizar la protección de los derechos humanos.
La absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, ha generado indignación y decepción entre los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Consideran que esta decisión judicial representa un revés en su búsqueda de justicia y verdad.
El tribunal federal con residencia en Matamoros, Tamaulipas, fue el encargado de dictaminar la exoneración de Abarca y otras personas señaladas como responsables del secuestro de los estudiantes. Esta resolución ha sido duramente criticada por los padres, quienes consideran que se ha dejado impune a uno de los principales actores en la desaparición de sus hijos.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, ha expresado su frustración y dolor ante la falta de avances en las investigaciones. Ha manifestado que, a pesar de las reuniones con el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, no se han obtenido resultados significativos. La incertidumbre y el sufrimiento de las familias continúan sin respuestas claras.
Además, Bautista ha denunciado los obstáculos que persisten en la obtención de información por parte de las Fuerzas Armadas. La falta de cooperación y transparencia de dicha institución dificulta el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
La lucha de los padres de los 43 normalistas ha trascendido las fronteras de México. Organizaciones internacionales de derechos humanos han mostrado su solidaridad y apoyo a las familias afectadas. La desaparición de los estudiantes ha sido un símbolo de la crisis de derechos humanos en el país y ha puesto en evidencia la urgencia de abordar este grave problema.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esclarecer el caso de los normalistas de Ayotzinapa durante su campaña electoral. Sin embargo, a medida que su mandato se acerca a su fin, las expectativas de justicia y verdad se ven opacadas por la falta de avances concretos.
La impunidad y la falta de rendición de cuentas continúan siendo un obstáculo en la lucha contra la desaparición forzada en México. El caso de los 43 normalistas es solo uno de los numerosos casos que han quedado sin resolver y sin que se haga justicia.
La sociedad mexicana exige respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades. La desaparición de los 43 normalistas no debe quedar impune, y es responsabilidad del Estado garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familias.
Mientras tanto, los padres de los normalistas continúan su búsqueda incansable, exigiendo que se investigue a fondo el caso y se identifiquen a todos los responsables. Su determinación y valentía son un ejemplo de lucha y resistencia en la búsqueda de verdad y justicia.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa seguirá siendo un recordatorio de la urgente necesidad de erradicar la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos en México. La sociedad no olvida y persiste en su exigencia de que se haga justicia por estos jóvenes desaparecidos.
Es crucial que las autoridades redoblen sus esfuerzos para esclarecer los hechos, realizar investigaciones exhaustivas, seguir todas las líneas de investigación pertinentes y garantizar la participación de los familiares en el proceso judicial. Además, se deben implementar medidas para prevenir la desaparición forzada y fortalecer los mecanismos de protección a los derechos humanos.
La comunidad internacional también debe continuar brindando su apoyo y presionar al gobierno mexicano para que cumpla con su compromiso de esclarecer este caso y poner fin a la impunidad. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas.
En memoria de los 43 normalistas desaparecidos, es fundamental que la sociedad no olvide, que siga exigiendo justicia y que se mantenga unida en la defensa de los derechos humanos. Solo a través de la movilización y la exigencia colectiva se lograrán avances significativos en la lucha contra la impunidad y la desaparición forzada en México.
La historia de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanecerá como un capítulo oscuro en la historia del país, pero también como una fuente de inspiración para seguir luchando por la verdad y la justicia. Los padres y las familias de los estudiantes desaparecidos no descansarán hasta encontrar a sus seres queridos y obtener respuestas claras sobre lo sucedido.
La sociedad mexicana debe mantener viva la memoria de estos jóvenes, recordar su lucha y trabajar en conjunto para transformar un sistema que permitió su desaparición. Solo así se podrá construir un México en el que los derechos humanos sean respetados y se garantice la seguridad y la justicia para todos.