Escándalo en Oaxaca: Abogado de implicados en masacre de Nochixtlán ahora es coordinador jurídico de la DDHPO

La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) ha nombrado a René Hernández Reyes como coordinador jurídico, generando controversia debido a que es el abogado de los policías estatales Juan Peralta y Froylán Carlos Cruz, así como del agente federal Carlos Guerrero Romero. Estos tres individuos están siendo procesados como presuntos responsables de homicidio calificado y lesiones cometidos durante el desalojo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, un incidente que dejó un saldo trágico de seis personas muertas. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) ha expresado su lamento ante esta designación a través de un comunicado.

En el comunicado, el Covic señala que la apatía mostrada por la nueva administración de la DDHPO no es una coincidencia, sino que demuestra su compromiso con los responsables de los homicidios y las lesiones ocurridas el 19 de junio de 2016. Consideran que la contratación de Hernández Reyes es una prueba contundente de esta situación.

Desde marzo de este año, cuando Elizabeth Lara Rodríguez asumió el cargo de titular de la DDHPO, el organismo ha dejado de proporcionar ayuda a las víctimas y sus familias, así como el acompañamiento, apoyo psicológico y atención médica que solía brindar. Según el Covic, diversas actividades han sido “desaparecidas”.

Ante esta situación, el Covic ha declarado que desconocerá cualquier relación con la DDHPO en asuntos relacionados con su comité. Consideran inaceptable que una institución que financia la defensa de tres de los presuntos asesinos del 19 de junio de 2016 tenga alguna relación con ellos, lo que demuestra un claro sesgo a favor de los responsables.

Santiago Ambrosio, líder del Covic, ha manifestado su preocupación en una entrevista, mencionando que las víctimas temen que el abogado de sus presuntos agresores tenga acceso a los expedientes del caso Nochixtlán y utilice esa información en beneficio propio, así como en beneficio de los policías a quienes representa. Ambrosio considera necesario que el abogado de los elementos estatales y federales sea destituido de su cargo de coordinador jurídico de manera inmediata, y exige que Elizabeth Lara explique la decisión de su nombramiento.

Ambrosio enfatiza que este nombramiento es una afrenta hacia las víctimas del desalojo fallido de Asunción Nochixtlán, quienes perdieron la vida cuando elementos de las policías estatal y federal dispararon contra civiles que estaban bloqueando una vialidad para exigir la abrogación de la reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El líder del Covic califica de “impensable” que un organismo público cuya responsabilidad es velar por los derechos humanos contrate al defensor de aquellos que encabezaron una operación en la que se violaron las garantías individuales. Ambrosio expresa su desconcierto ante la situación, preguntándose cómo es posible que el organismo encargado de proteger los derechos humanos en Oaxaca esté financiando los honorarios legales de una persona que defiende a los asesinos de sus compañeros y familiares. Además, destaca el cambio de actitud de la defensoría, que en algún momento brindó apoyo y acompañamiento a su comité en su lucha por la justicia y la verdad, pero que ahora se convierte en su verdugo al respaldar la defensa de los responsables de la masacre.

Las demandas del Covic son claras: exigen la destitución inmediata del abogado de los acusados como coordinador jurídico de la DDHPO y piden explicaciones a Elizabeth Lara respecto a este nombramiento polémico. Para las víctimas y sus familias, esta designación es una bofetada a su búsqueda de justicia y un reflejo de un sistema que favorece a los perpetradores en lugar de proteger a los más vulnerables.

El caso de la matanza de Nochixtlán sigue siendo un episodio doloroso y controvertido en la historia de Oaxaca. El 19 de junio de 2016, la represión policial dejó un saldo trágico de seis personas fallecidas y decenas de heridos. Los manifestantes, en su mayoría maestros y ciudadanos que se oponían a la reforma educativa, bloquearon una carretera como medida de protesta. Sin embargo, en lugar de buscar una solución pacífica, las autoridades optaron por la violencia, generando un enfrentamiento sangriento y violando los derechos humanos de los manifestantes.

Desde entonces, las víctimas y sus familias han luchado incansablemente por la justicia y la verdad. Han exigido que se esclarezcan los hechos, que se identifiquen a los responsables y que se les haga pagar por sus acciones. Sin embargo, el camino hacia la justicia ha estado lleno de obstáculos y decepciones. La designación del abogado de los acusados como coordinador jurídico de la DDHPO es solo uno de ellos, una nueva afrenta a la búsqueda de verdad y reparación.

La sociedad oaxaqueña no ha olvidado la masacre de Nochixtlán. El dolor y la indignación siguen presentes. Es fundamental que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos actúen de manera imparcial y comprometida con la justicia. La DDHPO, como organismo responsable de velar por los derechos de los pueblos de Oaxaca, debe reconsiderar su decisión y tomar medidas concretas para restaurar la confianza de las víctimas y la sociedad en general.

En medio de la controversia y la incertidumbre, el Covic y las víctimas de Nochixtlán continúan su lucha por la justicia. Exigen que se respeten sus derechos, que se investigue a fondo lo sucedido y que se haga justicia para aquellos que perdieron la vida y para aquellos que aún buscan respuestas. La designación del abogado de los acusados como coordinador jurídico de la DDHPO es un golpe a esta lucha, pero no lo detendrá la determinación de las víctimas y el Covic para obtener justicia.

La sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y diversas organizaciones han expresado su solidaridad con las víctimas de Nochixtlán y han exigido que se revierta esta designación. Consideran que es imperativo que la DDHPO retome su papel de defensora de los derechos humanos y de apoyo a las víctimas, en lugar de respaldar a los presuntos responsables de la masacre.

En respuesta a las críticas y demandas, la DDHPO y Elizabeth Lara Rodríguez, titular del organismo, han guardado silencio hasta el momento. La falta de transparencia y explicaciones ha aumentado la desconfianza y la indignación entre las víctimas y la sociedad en general. Existen interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta designación y si hay intereses ocultos que puedan estar influyendo en la toma de decisiones de la defensoría.

Ante este panorama, se espera que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como nacional, tomen cartas en el asunto y realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Es fundamental que se garantice un proceso imparcial y transparente, en el que se respeten los derechos de las víctimas y se les brinde la justicia que tanto anhelan.

La designación del abogado de los implicados en la matanza de Nochixtlán como coordinador jurídico de la DDHPO ha generado una profunda crisis de confianza en la institución encargada de proteger los derechos humanos en Oaxaca. Las víctimas y el Covic denuncian un sesgo a favor de los responsables y exigen la destitución inmediata de dicha figura. El caso de Nochixtlán sigue siendo un recordatorio doloroso de la necesidad de justicia y respeto a los derechos fundamentales. La sociedad oaxaqueña espera que se atienda su llamado y que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en la defensoría y garantizar que se haga justicia a las víctimas de esta tragedia.