Escándalo en Guerrero: Suspensión de Exhumación de Ejecutados.
La Unión de Colectivos Víctimas de la Guerra Sucia en Guerrero denunció la suspensión de la exhumación de ocho cuerpos de campesinos ejecutados durante el periodo de 1969 a 1979. Esta operación estaba programada para llevarse a cabo del 5 al 11 de junio en tres puntos del municipio de Ajuchitlán del Progreso, ubicado en la región de la Tierra Caliente.
Octaviano Gervasio Serrano, miembro del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, informó que la Comisión Nacional de Búsqueda les comunicó de última hora que “ya no iban a subir a la sierra” debido a que la Guardia Nacional les indicó que no podía proporcionarles seguridad para llevar a cabo las diligencias.
“Eso representa una mala noticia para nosotros y para las miles de familias que buscamos a nuestros seres queridos. En el fondo, es un pretexto, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que obstaculiza la realización de estas actividades, considerando que fue la institución responsable de la masacre de nuestros compañeros en su momento”, afirmó Gervasio Serrano.
El activista denunciante agregó: “Se trata de ocho víctimas cuyos familiares fueron testigos de su ejecución sumaria y posterior entierro en fosas clandestinas. Estas son las mayores víctimas de la guerra sucia que podrían ser identificadas mediante pruebas genéticas”.
Gervasio Serrano señaló que la ausencia de los campesinos se cataloga como desaparición forzada debido a que el Estado mexicano ha eliminado toda su información legal, incluso las actas de nacimiento.
“Es por eso que estas diligencias deben llevarse a cabo de inmediato, pero ni la Sedena ni la Guardia Nacional quieren participar. Esta última incluye elementos del Ejército, lo cual explica la existencia de obstáculos aberrantes. El Estado mexicano sigue simulando acceso a la justicia, pero la impunidad persiste”, acusó el activista.
Asimismo, explicó que los afectados “se atrevieron a presentar su denuncia ante la Comisión de la Verdad, pero no se logró llevar a cabo la exhumación con el pretexto de falta de seguridad. Además, a dos horas del lugar donde se realizarían las excavaciones se encuentra un cuartel de la policía estatal”.
Este revés en las acciones de búsqueda y justicia ha causado indignación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las víctimas de la guerra sucia en Guerrero. Demandan una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes para garantizar el avance en la identificación de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante ese oscuro periodo de la historia mexicana.
La exhumación de los restos de estas ocho víctimas representa una oportunidad crucial para reconstruir la memoria histórica, honrar a los caídos y brindar un mínimo de consuelo a sus familiares. La falta de voluntad y colaboración de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia obstaculiza el proceso y perpetúa la impunidad.
La Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar estas acciones, ha sido objeto de críticas por su supuesta falta de compromiso y transparencia en el caso. Los colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos exigen una explicación clara sobre las razones detrás de la suspensión de la exhumación y exigen que se garantice la seguridad necesaria para llevar a cabo estas diligencias.
La negativa de la Sedena y la Guardia Nacional a brindar seguridad durante la exhumación plantea interrogantes sobre su verdadero compromiso con la verdad y la justicia. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la participación de elementos militares en violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia en Guerrero, lo que genera desconfianza y temor entre las víctimas y sus familias.
Es importante destacar que las víctimas de la guerra sucia en Guerrero han luchado durante décadas por encontrar la verdad y obtener justicia. Han enfrentado numerosos obstáculos, desde la falta de voluntad política hasta la falta de recursos y apoyo institucional. A pesar de ello, han perseverado en su búsqueda incansable de la justicia y la memoria.
La guerra sucia en Guerrero dejó un legado de violencia, represión y desapariciones forzadas que aún afecta profundamente a la sociedad. La exhumación de los cuerpos de las víctimas representa un paso crucial para arrojar luz sobre los crímenes cometidos durante ese oscuro periodo de la historia mexicana. Además, permitiría brindar una despedida digna a aquellos que fueron brutalmente asesinados y dar consuelo a sus familias.
Las autoridades mexicanas deben asumir su responsabilidad en este proceso y garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo la exhumación de manera segura y efectiva. Es fundamental que se respeten los derechos de las víctimas y se proporcione el apoyo necesario a los colectivos de búsqueda y a las organizaciones de derechos humanos que trabajan incansablemente en este tema.
La suspensión de la exhumación de los ejecutados en Guerrero es un recordatorio sombrío de los desafíos que aún enfrenta México en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia. Es necesario que las instituciones cumplan con su deber de proteger y garantizar los derechos de las víctimas, y que se les brinde el apoyo necesario para avanzar en la identificación de los restos y en la construcción de la memoria colectiva.
Las víctimas de la guerra sucia en Guerrero merecen justicia y verdad. La suspensión de la exhumación es un revés en este camino, pero no debe ser motivo de desaliento. La lucha por la memoria y la justicia continúa, y es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad apoyar y respaldar a las víctimas en su búsqueda incansable de la verdad y la reparación.