Escándalo en el Poder Judicial de Chihuahua: Acusaciones de Extorsión y Acoso Desencadenan Crisis de Confianza
En un giro impactante, se han revelado detalles de una serie de acusaciones de extorsión y acoso que involucran a funcionarios destacados del Poder Judicial de Chihuahua. Un juez de primera instancia ha hecho públicas sus denuncias contra la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, y el secretario general del TSJ, Fernando Mendoza Ruiz, alegando que le exigieron su renuncia a cambio de evitar una persecución penal, administrativa, laboral y familiar en su contra.
El juez, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva, ha presentado una serie de denuncias ante instancias locales e internacionales, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en las que acusa a los funcionarios de extorsión, amenazas, intimidación y ataques a su independencia judicial. Alega que estas acciones han resultado en una persecución constante y un ambiente de acoso que ha impactado negativamente su integridad y seguridad, tanto personal como familiar.
Este perturbador caso se ha vuelto el centro de atención en el ámbito legal y político del estado de Chihuahua. El juez en cuestión sostiene firmemente su posición, negándose a renunciar y defendiendo su integridad en el desempeño de su cargo. Su nombramiento como juez de primera instancia fue respaldado por el Consejo de la Judicatura, respaldado por un concurso de oposición abierto y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las alegaciones del juez también involucran a otros funcionarios del Poder Judicial de Chihuahua. Según sus denuncias, ha sido objeto de una serie de procesos administrativos iniciados supuestamente bajo “consigna” por el director general jurídico del Poder Judicial, Francisco Javier Fierro Islas, y el hostigamiento y acoso laboral de la Contraloría Jurídica, encabezada por Ivonne Coello Muñoz. El juez argumenta que estos actos violan normativas laborales y acuerdos internacionales, y ha solicitado medidas para poner fin a estas prácticas.
La situación ha llegado incluso a la atención de organismos internacionales. El juez presentó denuncias ante Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados. En su intento por respaldar sus alegaciones, el juez proporcionó registros digitales y grabaciones de audio que supuestamente documentan los intentos de extorsión y acoso por parte de los funcionarios del TSJ.
En una de las grabaciones, se escucha al secretario general del TSJ, Fernando Mendoza Ruiz, presionando al juez para que renuncie. Mendoza Ruiz le ofrece la posibilidad de retirarse “sin problemas”, sugiriendo que esta es la mejor opción para él. Estos detalles han provocado un intenso debate en la comunidad legal y en la sociedad en general, arrojando luz sobre posibles abusos de poder y prácticas poco éticas dentro del sistema judicial.
Myriam Hernández Acosta, magistrada presidenta del TSJ, ha negado todas las acusaciones en su contra. En una respuesta a las denuncias, ha afirmado que las alegaciones carecen de fundamentos y ha defendido su integridad como líder del Poder Judicial de Chihuahua. Además, se espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar la validez de las denuncias y esclarecer la situación.
El caso del juez y las alegaciones de extorsión y acoso han desencadenado una serie de reacciones en el estado de Chihuahua y más allá. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos cruciales en cualquier sistema judicial, y este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la independencia y la integridad de los jueces en el ejercicio de su deber.
Mientras la investigación avanza y se recopilan más pruebas, el estado de Chihuahua se encuentra en medio de un escándalo legal y ético que podría tener implicaciones significativas para la confianza en su sistema judicial. Las denuncias del juez y las respuestas de los funcionarios involucrados plantean interrogantes sobre la integridad y la moralidad en el ejercicio del poder dentro del Poder Judicial. La sociedad espera una resolución justa y equitativa, que garantice la imparcialidad y la justicia en este caso y siente un precedente importante para el futuro del sistema judicial en Chihuahua.