Escándalo: Dictan prisión a militares y exfuncionarios por caso Ayotzinapa
La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, ha decretado la formal prisión en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.
Los militares que serán juzgados por su posible vinculación al delito de desaparición forzada son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
En una audiencia que tuvo lugar recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se declarara a “Juan” como testigo protegido y líder de Guerreros Unidos. Este individuo afirmó que los militares no auxiliaron a los estudiantes para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.
Como parte de los argumentos presentados, se mencionó que los militares que acudieron a la Clínica Cristina, donde algunos de los normalistas heridos fueron llevados, maltrataron a los estudiantes que se encontraban allí. Cabe destacar que ninguno de esos alumnos de la Normal Isidro Burgos resultó desaparecido.
Cuando se le preguntó directamente si sabía qué militares colaboraban con Guerreros Unidos, “Juan” afirmó que todos los que salieron del cuartel de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por el grupo criminal, fueron los responsables de su posterior desaparición.
Los ocho soldados, quienes fueron detenidos la semana pasada, permanecerán en la prisión del Campo Militar No. 1 después de comparecer por videoconferencia ante la jueza Duarte Cedillo.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, poco antes de la marcha mensual llevada a cabo por los familiares de los alumnos desaparecidos desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, donde exigen justicia y esclarecimiento de los hechos.
Además, se informó que Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En este lugar se lleva a cabo la causa penal por delitos de lesa humanidad y coalición de servidores públicos en contra de varios ex funcionarios de dicha institución, incluido el ex titular, Jesús Murillo Karam. Estos delitos se habrían cometido en un intento por sostener la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
El ex funcionario fue arrestado el domingo en cumplimiento de una orden de aprehensión pendiente por desaparición forzada, tortura, intervención de comunicaciones privadas y colusión de servidores públicos. Si es hallado culpable de estos cargos, podría enfrentar una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71 años. Su situación jurídica será determinada hasta el próximo primero de julio, mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
La causa penal bajo la cual se procedió contra Ramírez Gutiérrez es la 148/2021, la misma en la que se imputaron delitos similares al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y al jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Se alega que todos los ex funcionarios habrían actuado en complicidad para manipular pruebas y obligar a los detenidos a confesarse culpables, con el objetivo de respaldar su teoría de la “verdad histórica” en el Caso Ayotzinapa.
Estos nuevos avances en la investigación del Caso Ayotzinapa han generado expectativas y esperanzas entre los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como en la sociedad en general. Desde hace meses, los padres y madres de los 43 alumnos han llevado a cabo marchas y manifestaciones en distintas partes del país, exigiendo justicia y una respuesta definitiva sobre el paradero de sus hijos.
El Caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos en México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en 2014 conmocionó al país y generó protestas masivas tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de los años, se han presentado diferentes líneas de investigación y teorías sobre lo sucedido, pero hasta ahora no se ha logrado esclarecer completamente el caso ni encontrar a los estudiantes desaparecidos.
El gobierno mexicano se ha comprometido a dar una respuesta clara y contundente en este caso, así como a garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias. La detención y procesamiento de militares y ex funcionarios vinculados a la desaparición de los estudiantes representa un paso importante hacia la verdad y la justicia.
Se espera que el juicio contra los ocho militares acusados y el proceso legal contra Gualberto Ramírez Gutiérrez y otros ex funcionarios de la PGR arrojen luz sobre los acontecimientos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contribuyan a resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos.
La sociedad mexicana y la comunidad internacional estarán atentas al desarrollo de estos procesos legales y a las medidas que se tomen para prevenir futuros casos de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en el país. La exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición continúa siendo una demanda imperante en el caso Ayotzinapa y en la lucha por los derechos humanos en México.