Escándalo de Abuso Policial en Guanajuato: La Violación de Derechos en el Alcoholímetro de León sacude a la Sociedad
En un revés para la administración anterior del alcalde panista Héctor López Santillana, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) ha emitido una contundente recomendación por la violación de los derechos humanos de dos ciudadanos durante un operativo de “alcoholímetro”. La investigación, que llevó más de cuatro años en concluir, ha resultado en sanciones para cinco policías viales. Este caso ha captado la atención del público y plantea preguntas sobre el uso de la fuerza policial en León.
Según el expediente de queja 102/2019-A, el titular de la Prodheg, Vicente Esqueda Méndez, determinó que cinco policías viales de la administración pasada cometieron abusos graves durante un operativo de “alcoholímetro”. Dos ciudadanos fueron víctimas de violencia física y abuso policial, lo que ha llevado a la emisión de resolutivos de recomendación.
El director General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Jorge Guillén Rico, ha sido llamado a tomar medidas inmediatas. Los agentes involucrados en el incidente son Venancio Díaz Espinoza, Carlos Ulises Villanueva Nava, Jesús Rafael Horta Barroso, Elizabeth Huesca Gamiño y Elvia Morales Manríquez. Estos oficiales deben enfrentar procedimientos de responsabilidad administrativa y recibir capacitación en derechos humanos.
Las resoluciones de la Prodheg incluyen una serie de acciones concretas. El titular de la Policía Vial tiene la responsabilidad de proporcionar atención sicosocial a las víctimas y otorgarles una compensación económica adecuada. Además, se debe integrar la investigación de la Prodheg al expediente de los policías involucrados para garantizar una evaluación justa de sus acciones.
La compensación económica deberá cubrir todas las afectaciones físicas y psicológicas que sufrieron las víctimas, incluyendo los gastos médicos relacionados con el incidente, el pago de multas y los costos de la grúa que se utilizaron durante el operativo de “alcoholímetro”. Este enfoque busca reparar el daño causado a los ciudadanos agraviados.
El proceso de investigación y emisión de recomendaciones se inició en marzo de 2019, durante la administración de Héctor López Santillana. Después de más de cuatro años de análisis exhaustivo, la Prodheg finalmente concluyó la investigación el 11 de septiembre de 2023, arrojando luz sobre este triste episodio de abuso policial.
El relato de los hechos es perturbador. Uno de los ciudadanos afectados denunció que, durante el operativo de “alcoholímetro”, un policía abrió la puerta trasera de su vehículo y le aplicó una llave al cuello, lo que resultó en la pérdida momentánea del conocimiento debido a la falta de oxígeno. Además, fue sometido a agresiones físicas, incluyendo golpes y agarres en los testículos, brazos y piernas mientras era forzado a salir del automóvil.
El comandante Venancio Díaz Espinoza, uno de los agentes involucrados, acusó al ciudadano de lanzar golpes contra los elementos policiales, justificando así la aplicación de la llave al quejoso. Sin embargo, una prueba fundamental en este caso es una videograbación que refuta estas afirmaciones. En ningún momento del video se observa que el ciudadano agrediera a los policías viales, como afirmaron Díaz Espinoza y el policía vial Carlos Ulises Villanueva Nava. La autoridad no estaba facultada para usar la fuerza en esta situación, según lo confirma el expediente de la Prodheg.
La grabación también documenta la aplicación de la llave y el momento en que una policía vial toca los genitales del ciudadano quejoso, así como su violento desalojo del vehículo. La integridad física de la víctima, como se establece en los dictámenes médicos, coincide con la secuencia de eventos capturada en la videograbación, lo que demuestra de manera concluyente que los policías viales incumplieron su deber de salvaguardar los derechos humanos.
La segunda víctima, una mujer que acompañaba al ciudadano mencionado anteriormente, también sufrió abuso por parte de los policías viales. Fue sacada a la fuerza del vehículo, golpeada en el abdomen y tocada en el pecho mientras estaba esposada. El comandante Venancio Díaz Espinoza negó las acusaciones de tocamiento en el pecho, atribuyendo las acciones a las oficiales Elizabeth Huesca Gamiño y Elvia Morales Manríquez.
Sin embargo, la videograbación desafía esta versión de los eventos. En el video se puede observar a una policía vial tratando de bajar a la quejosa de su vehículo, y aunque no se aprecia el tocamiento atribuido a Venancio Díaz Espinoza, se evidencia que la mujer fue jaloneada del antebrazo derecho con fuerza y que la misma policía vial la tomó del cuello y la empujó contra el vehículo.
La conclusión de la investigación de la Prodheg deja en claro que las acciones de los policías viales durante este operativo de “alcoholímetro” fueron inaceptables y contrarias a los derechos humanos. La recomendación emitida impone sanciones y medidas correctivas para asegurar que este tipo de incidentes no se repita en el futuro.
El director de la Prodheg, Vicente Esqueda Méndez, hizo hincapié en la importancia de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados en todo momento, incluso durante operativos de seguridad vial. La emisión de estas recomendaciones es un paso crucial hacia la justicia y la rendición de cuentas en León, enviando un mensaje claro de que el abuso policial no será tolerado.
El alcalde actual de León, también ha expresado su preocupación por estos acontecimientos y ha prometido tomar medidas adicionales para garantizar que la Policía Municipal y la Policía Vial se adhieran a los más altos estánddares de conducta y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. En una declaración emitida en respuesta a la recomendación de la Prodheg, el alcalde reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el trabajo de las fuerzas del orden en León.
La reacción pública ante esta recomendación ha sido variada. Por un lado, defensores de los derechos humanos y grupos de activistas han elogiado la actuación de la Prodheg y han instado a que se sigan tomando medidas para prevenir futuros abusos por parte de la policía. Se han organizado manifestaciones y protestas pacíficas para exigir justicia y una reforma en el entrenamiento y supervisión de los oficiales.
Por otro lado, algunos sectores han expresado su apoyo a los policías involucrados, argumentando que estaban cumpliendo con su deber de mantener la seguridad pública y que las circunstancias del operativo de “alcoholímetro” pueden haber sido tensas. Sin embargo, la evidencia presentada en la investigación de la Prodheg y la videograbación del incidente han socavado estas afirmaciones y han dejado claro que el uso excesivo de la fuerza fue injustificado.
La opinión pública también ha destacado la importancia de contar con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas efectivos en el trabajo policial. En este caso, la videograbación desempeñó un papel fundamental al proporcionar evidencia concreta de lo que ocurrió durante el operativo. Esto ha llevado a un llamado generalizado para que las fuerzas del orden utilicen cámaras corporales como medida estándar, a fin de garantizar la transparencia y la objetividad en las investigaciones de incidentes similares en el futuro.
El incidente del operativo de “alcoholímetro” también ha generado debates sobre la necesidad de reformas en la capacitación de los oficiales de policía en León. Se ha argumentado que una formación más completa en derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza podría ayudar a prevenir abusos como los que se han visto en este caso. El llamado a la capacitación continua y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas del orden es un tema que está siendo discutido activamente por funcionarios de la ciudad y expertos en seguridad pública.
La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han señalado la importancia de que las autoridades municipales sigan de cerca la implementación de las recomendaciones de la Prodheg y que se aseguren de que se cumplan en su totalidad. Esto incluye el monitoreo de las medidas de atención sicosocial y la compensación económica otorgada a las víctimas, así como el seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los oficiales involucrados.
En un comunicado conjunto, las víctimas y sus representantes legales han expresado su agradecimiento por la labor de la Prodheg en este caso y han destacado la importancia de que los responsables sean llevados ante la justicia y que se haga justicia en nombre de todos los ciudadanos que han sufrido abusos similares en el pasado.
El camino hacia la reforma y la justicia plena en el caso del operativo de “alcoholímetro” en León está lejos de terminar. La emisión de la recomendación por parte de la Prodheg es un paso significativo en la dirección correcta, pero la verdadera prueba será la implementación efectiva de las medidas correctivas y la garantía de que los derechos humanos sean respetados en todo momento por las fuerzas del orden.
El alcalde actual de León, ha reafirmado su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades competentes para garantizar que los cambios necesarios se lleven a cabo. También ha señalado que se tomarán medidas adicionales para mejorar la supervisión y el entrenamiento de los oficiales de policía, con el objetivo de prevenir futuros abusos y fortalecer la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden.
Este caso, que ha sido un recordatorio doloroso de los abusos de poder que pueden ocurrir en situaciones de aplicación de la ley, también ha servido como un llamado de atención para las autoridades y la sociedad en general. La rendición de cuentas y la transparencia en el trabajo policial son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad justa y democrática.
A medida que León avanza en su búsqueda de justicia y reforma en el ámbito de la seguridad pública, la atención se centrará en la implementación de las medidas correctivas y en el compromiso continuo de garantizar que los derechos humanos de todos los ciudadanos sean protegidos y respetados. Este caso es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y de que la responsabilidad de los agentes de policía es servir y proteger a la comunidad, respetando en todo momento los principios fundamentales de derechos humanos.