¡Escándalo científico en Ensenada! Protesta contra la polémica ley de investigación
Ensenada, Baja California – Científicos, académicos y estudiantes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la UNAM, entre otras instituciones, llevaron a cabo una manifestación en esta ciudad en oposición a la reciente promulgación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo, ha generado preocupación en las comunidades académicas y científicas debido a sus implicaciones en la investigación y desarrollo del país.
La protesta se inició en la explanada del Centro Estatal de las Artes (CEARTE) y continuó a lo largo del bulevar Costero. Los participantes se unieron a las marchas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y otros estados en rechazo a la nueva ley.
En un comunicado dirigido a la comunidad, los manifestantes expresaron su deseo de promover una ciencia accesible para todos y resaltaron la importancia de fortalecer a Ensenada como un centro de formación académica, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Asimismo, señalaron que estas actividades tienen un impacto a nivel local, regional, nacional e internacional y contribuyen a la solución de problemas de interés público. Los manifestantes también resaltaron la importancia de que la investigación se lleve a cabo con libertad y sin interferencias ideológicas.
Una de las principales preocupaciones de la comunidad académica es la centralización de las decisiones en la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Según los manifestantes, esta centralización va en contra del enfoque de descentralización de la investigación científica implementado en México en la década de los 70, el cual dio lugar a la creación de centros públicos de investigación en todo el país.
Otra preocupación destacada es la composición de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), el máximo órgano de decisión en política científica. Los manifestantes señalan que este órgano está integrado por la dirección general del Consejo y 13 secretarías de Estado, incluyendo las de Defensa Nacional, Marina y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, la comunidad científica no tiene voz ni voto en este importante órgano de decisión, ya que solo se invita a investigadores seleccionados por la dirección del Consejo.
La nueva ley también establece que la propiedad intelectual generada en el ámbito científico deberá ser cedida al CONAHCYT, lo que significa que las patentes y sus derechos de explotación estarán en manos del Consejo en lugar de las instituciones que las generaron. Esto plantea preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones para gestionar y beneficiarse de sus propias investigaciones.
Además, la ley restringe la autonomía de los Centros Públicos de Investigación, considerados como patrimonio de México, al limitar su capacidad para abordar los problemas locales. Esto genera inquietud en la comunidad científica, ya que se ven limitadas en su capacidad para llevar a cabo investigaciones y proyectos que respondan directamente a las necesidades de sus entornos.
Otro punto de preocupación es la asignación de financiamiento y becas. Según la nueva ley, se dará prioridad a aquellos proyectos y estudios alineados con las líneas prioritarias establecidas por el gobierno, mientras que aquellos que no se encuentren dentro de estas áreas no serán considerados relevantes. Esto plantea interrogantes sobre la diversidad de enfoques y temáticas de investigación, así como sobre la posibilidad de promover la innovación en áreas emergentes y menos exploradas.
Además, los manifestantes denuncian la falta de fiscalización y rendición de cuentas en la implementación de la ley. El Órgano Interno Consultivo, encargado de supervisar y brindar asesoramiento en la toma de decisiones, está bajo el control del CONAHCYT. Esta situación genera preocupación sobre la imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia y la investigación en el país.
La manifestación en Ensenada se suma a las numerosas protestas que han tenido lugar en todo el país. Comunidades académicas, científicas y estudiantes de diferentes instituciones públicas y privadas se han unido para expresar su descontento y exigir una revisión de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Estas movilizaciones reflejan la importancia que se le atribuye a la autonomía, la diversidad y la libertad en el ámbito científico, así como la necesidad de considerar las voces y propuestas de los actores involucrados en la investigación y la educación.
Ante esta situación, los manifestantes hacen un llamado a las autoridades y legisladores para que reconsideren los términos de la nueva ley y promuevan un diálogo inclusivo con las comunidades académicas y científicas. Buscan garantizar la continuidad de un sistema de investigación y desarrollo que promueva la excelencia, la innovación y la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad.
En conclusión, la protesta en Ensenada contra la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación refleja las preocupaciones de la comunidad académica y científica en relación con los cambios impuestos por esta legislación. La centralización de decisiones, la limitación de la autonomía de los centros de investigación, la cesión de propiedad intelectual y la falta de rendición de cuentas son algunos de los puntos más controvertidos. Los manifestantes buscan preservar la libertad, la diversidad y la excelencia en la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México.