Endurecer la lucha contra la extorsión
Ciudad de México. Con el respaldo de Morena, sus aliados y los grupos parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen de una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que será sometida a votación en el pleno el próximo miércoles. Legisladores de distintas bancadas adelantaron que presentarán reservas con el propósito de endurecer las penas carcelarias previstas en el proyecto.
El avance en la comisión marca un paso relevante en la agenda de seguridad y protección a la ciudadanía, en la que el combate a la extorsión se define como prioridad por su impacto en la tranquilidad y la economía de familias y negocios. No obstante, la iniciativa no fue unánime: el PRI optó por la abstención, argumentando que el texto requiere ajustes, sobre todo en el tipo penal básico que establece penas de entre seis y quince años de prisión, cuando en entidades como Baja California y Quintana Roo las sanciones locales son más severas.
Desde la bancada mayoritaria, el diputado Fernando Castro Trenti defendió el dictamen y sostuvo que la ley busca “extirpar el cáncer de la extorsión” que tiene al país en crisis. En su intervención, Castro Trenti enfatizó la necesidad de una herramienta jurídica nacional que coordine la prevención, la investigación especializada y sanciones efectivas, así como protocolos de atención a víctimas y medidas para desarticular las estructuras criminales que lucran con el miedo.
En tanto, el panista César Damián Retes advirtió que el tipo penal básico propuesto está por debajo de los mínimos que ya se aplican en algunos estados. “Si lo que se quiere es bajar la extorsión a nivel nacional, parece que es para arriba, no para abajo. ¿En Baja California les vamos a decir que se disminuirá?”, cuestionó Retes, quien anticipó la presentación de reservas para elevar los años de prisión contemplados en el dictamen.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, anunció una reserva para tipificar la extorsión en grado de tentativa, con el argumento de que no pueden quedar “resquicios” en la persecución penal. “La persecución de una conducta delictiva tiene que ir desde la intención, independientemente de que se consumen todos los elementos, porque ahí ya hay una afectación”, explicó Mejía Berdeja, al defender la necesidad de cubrir jurídicamente los actos preparatorios y preventivos.
La discusión en torno al dictamen refleja la complejidad de armonizar criterios entre el derecho penal, la política pública de seguridad y las realidades locales que ya cuentan con tipos penales más duros. Legisladores de diversas fuerzas políticas concluyeron la sesión anunciando que, además de reservas para aumentar penas, propondrán mecanismos de coordinación federal-estatal, mayores facultades de investigación y herramientas tecnológicas para la trazabilidad de llamadas y recursos.
Con la convocatoria al pleno, el Ejecutivo y el Congreso se aproximan a una decisión que podría reforzar el marco jurídico contra la extorsión a nivel nacional. La expectativa es que las modificaciones que propongan las bancadas converjan en un dictamen más robusto y efectivo que responda a la demanda ciudadana de seguridad y justicia.