El regreso del Poder Judicial: entre el deber y la manipulación

Después de más de dos meses de paro en el Poder Judicial, finalmente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha ordenado reanudar las labores en tribunales y juzgados a partir del 24 de octubre. Este paro, que paralizó prácticamente todas las funciones del Poder Judicial salvo los casos urgentes, surgió como respuesta a la Reforma Judicial impulsada por el gobierno federal, una reforma que busca mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas dentro de este poder del Estado. Sin embargo, la medida del paro revela una resistencia política orquestada desde las altas esferas del Poder Judicial, encabezada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, una figura cada vez más vinculada a los intereses de una oposición desesperada por mantener sus privilegios.

El paro, que inició en agosto, ha afectado la impartición de justicia a millones de ciudadanos, y pese a que se argumentó que su objetivo era “defender la independencia judicial”, resulta claro que las verdaderas motivaciones son otras. La oposición a la Reforma Judicial no es sino un acto de protección de los privilegios históricos de una élite judicial que ha sido señalada en numerosas ocasiones por su falta de transparencia y su cercanía a los intereses de grupos de poder económico y político que buscan mantener el statu quo. Este grupo, liderado por la ministra Piña, ha demostrado que su preocupación no es el pueblo, sino la defensa de un aparato que durante años ha servido a intereses particulares.

Es revelador que durante las votaciones del CJF, la ministra Norma Piña, junto con la consejera Mónica López y el consejero Alfonso Montalvo, votaron en contra de reanudar las actividades judiciales. ¿Qué intereses defienden estos tres consejeros? No es difícil verlo: su postura es congruente con el discurso conservador de la derecha, que siempre ha encontrado en el Poder Judicial una herramienta para frenar los cambios que verdaderamente benefician a la mayoría. Al detener la justicia, al frenar los tribunales, alargando procesos, se afecta directamente al pueblo, que es quien sufre las consecuencias de un sistema judicial anquilosado y lleno de vicios.

Sin embargo, la mayoría del pleno del CJF, compuesto por figuras como Bernardo Bátiz, Eva Verónica, Celia Maya y Javier Molina, votaron a favor de poner fin a este paro. Este voto no solo representa una victoria para la justicia, sino también un triunfo para la transparencia y la ética dentro del Poder Judicial. Estos consejeros han entendido el mensaje de la sociedad: el pueblo mexicano exige un sistema de justicia que funcione, que no esté sujeto a los caprichos y estrategias políticas de una élite judicial desconectada de la realidad del país.

El voto de figuras como Bernardo Bátiz y Celia Maya es particularmente significativo. Bátiz, ex procurador general de justicia del Distrito Federal y cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido un defensor incansable de la justicia social y los derechos de los más vulnerables. Su voto a favor de reanudar las labores judiciales es coherente con su visión de un sistema judicial que sirva al pueblo y no a los intereses de unos cuantos.

Celia Maya, una jurista con una larga trayectoria de lucha por la justicia social, también ha sido una firme defensora de las reformas que buscan erradicar la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial. Su voto refuerza el compromiso de Morena y del gobierno federal con la construcción de un sistema de justicia más equitativo y accesible.

La ministra Norma Piña, por otro lado, ha sido señalada por su ambigüedad y su falta de compromiso con las reformas necesarias para transformar el Poder Judicial. Desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte, ha dado señales claras de estar más alineada con los intereses de la derecha conservadora que con los ideales de justicia y equidad que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación. Este es un hecho que no puede ser pasado por alto. Su voto en contra de reanudar las labores judiciales es un claro intento de seguir utilizando el Poder Judicial como un instrumento de presión política contra el gobierno federal.

Es importante señalar que la Reforma Judicial propuesta por el presidente López Obrador no busca controlar al Poder Judicial, como algunos críticos han sugerido, sino liberarlo de los vicios y la corrupción que han plagado a esta institución durante décadas. El verdadero objetivo es garantizar que el sistema de justicia sea accesible para todos, especialmente para aquellos que históricamente han sido marginados por un aparato judicial elitista y clasista.

La oposición, encabezada por figuras como Xóchitl Gálvez, ha intentado distorsionar la naturaleza de esta reforma, presentándola como un ataque a la independencia judicial. Sin embargo, lo que Gálvez y sus aliados no mencionan es que esa supuesta “independencia” ha sido, durante años, un escudo para proteger a jueces corruptos y permitir la impunidad de los poderosos. El verdadero ataque a la justicia ha sido el que ellos mismos han perpetrado, permitiendo que el Poder Judicial se convierta en un bastión de los intereses neoliberales que tanto daño han hecho a nuestro país.

Es en este contexto donde la decisión del CJF de reanudar las actividades judiciales cobra aún más relevancia. El pueblo mexicano no puede seguir esperando mientras un grupo de jueces y magistrados intentan proteger sus privilegios a costa de los derechos de millones de personas. El fin del paro judicial marca el inicio de una nueva etapa en la que, esperemos, se pueda avanzar con las reformas necesarias para garantizar una justicia verdaderamente imparcial y al servicio de todos.

En este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación ha dejado claro que no se trata de una lucha de poder, sino de una lucha por la justicia. La Reforma Judicial es una pieza clave en este proceso de transformación que busca desmantelar las estructuras de corrupción y privilegio que durante años han mantenido al pueblo mexicano al margen de una justicia real. Y aunque la ministra Norma Piña y sus aliados sigan resistiéndose, la mayoría del CJF ha demostrado que el cambio es inevitable.

En conclusión, el regreso a las labores del Poder Judicial es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Las resistencias internas dentro del Poder Judicial son fuertes, y figuras como Norma Piña continuarán intentando frenar los avances en la transformación de esta institución. Sin embargo, con el respaldo del gobierno federal y la firme voluntad del pueblo mexicano, es posible avanzar hacia un sistema de justicia más justo, más transparente y verdaderamente independiente de los intereses de la oligarquía.