El Poder Judicial, una deuda pendiente con el pueblo mexicano

En la reciente conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un detallado y contundente informe sobre las irregularidades del Poder Judicial. No es sorpresa que esta institución, históricamente alejada de las necesidades del pueblo, ha sido uno de los principales obstáculos para la transformación de México. Rodríguez, fiel a su estilo claro y directo, puso sobre la mesa evidencias irrefutables de los excesos y la corrupción que imperan en el sistema judicial, haciendo énfasis en la urgencia y la pertinencia de la reforma judicial que ya se implementó.

Uno de los puntos más relevantes es el papel que el Poder Judicial ha jugado en el retraso de proyectos clave para el desarrollo nacional. Ejemplos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han sido frenados, no por cuestiones técnicas, sino por decisiones de jueces que, en vez de actuar en función del bienestar del pueblo, parecen estar al servicio de intereses ajenos. Este tipo de acciones solo buscan entorpecer las políticas de infraestructura que el gobierno de la Cuarta Transformación ha impulsado con el fin de generar empleo, desarrollo regional y bienestar social. Es evidente que estos jueces no están del lado del progreso, sino del privilegio y el conservadurismo.

Lo mismo se repite con la legislación que busca priorizar los intereses nacionales sobre los extranjeros. Rosa Icela Rodríguez expuso cómo la Reforma a la Ley Eléctrica fue atacada desde el Poder Judicial, beneficiando a empresas extranjeras que, durante años, explotaron los recursos energéticos de México en detrimento del pueblo. Esta traición al interés nacional se extiende también a la extinción de fideicomisos irregulares dentro del mismo Poder Judicial y la Ley Minera, donde los jueces han aceptado amparos que solo favorecen a unos cuantos, mientras el país pierde riqueza y soberanía.

Otro caso de traición judicial es el relativo a la entrega de los libros de texto gratuitos, una política que busca garantizar la educación para todos los niños de México. De nuevo, jueces al servicio de intereses oscuros se han dedicado a entorpecer este noble esfuerzo. ¿Qué tipo de justicia es esa que niega el derecho a la educación? ¿Qué clase de jueces son los que impiden que los recursos lleguen a los más vulnerables? Es claro que el Poder Judicial ha perdido de vista su misión fundamental: servir al pueblo.

Retraso de justicia, sinónimo de impunidad

Pero el mal desempeño del Poder Judicial no se limita a frenar proyectos o políticas públicas. Como bien señaló Rodríguez, también ha fallado en su función más básica: garantizar justicia. Actualmente, más de 6 mil personas permanecen privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia, y algunas han estado esperando por más de 17 años. Este es un ejemplo alarmante de cómo el sistema judicial mexicano, en lugar de proteger los derechos de las personas, las condena a una especie de limbo legal que solo genera impunidad y sufrimiento.

Es inaceptable que, en un país que avanza hacia la justicia social y la equidad, tantas personas sigan esperando respuestas del Poder Judicial. ¿Qué esperanza puede tener el ciudadano común si los jueces se niegan a hacer su trabajo? Aquí está la verdadera urgencia de la reforma judicial: poner fin a estos abusos y garantizar que todos los mexicanos, sin importar su origen o posición, tengan acceso a una justicia pronta y expedita.

La oscura trama entre la SCJN y la política

La corrupción dentro del Poder Judicial no se limita a sus malas prácticas internas. También ha quedado al descubierto su intromisión en el ámbito político. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, fue señalada por Rosa Icela Rodríguez por intentar influir en un proceso electoral federal, algo que está completamente fuera de su jurisdicción. En una reunión secreta en la mansión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Piña se reunió con el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y otros magistrados del Tribunal Electoral. Este tipo de alianzas oscuras entre el Poder Judicial y los partidos de oposición son una clara muestra de cómo las viejas prácticas del pasado aún intentan prevalecer.

Es fundamental que el pueblo de México se mantenga vigilante y que se cuestione el verdadero papel de estos jueces y magistrados, quienes en lugar de proteger la legalidad, se han convertido en cómplices de los intereses más retrógrados y conservadores.

Un sistema roto: las irregularidades en los concursos de oposición

Rosa Icela Rodríguez también denunció las irregularidades que imperan en los concursos de oposición dentro del Poder Judicial. Estos concursos, que supuestamente deberían ser mecanismos justos y transparentes para seleccionar a los mejores jueces y magistrados, están plagados de influyentismo y falta de objetividad. Solo las personas cercanas a jueces y magistrados logran superar estas pruebas, perpetuando una casta judicial que solo responde a sus propios intereses. Esta es una de las razones por las que la oposición a la Reforma Judicial ha sido tan feroz: se niegan a perder sus privilegios.

Los privilegios desmedidos: salarios y paros

Otro de los puntos críticos que abordó Rodríguez fue el escandaloso nivel salarial de los ministros de la SCJN, quienes llegan a percibir hasta 792 mil 256 pesos mensuales. Es una cifra que insulta al pueblo trabajador, especialmente cuando consideramos que jueces y magistrados estuvieron en paro de labores, afectando gravemente el acceso a la justicia. A pesar de esta suspensión de actividades, los salarios siguieron fluyendo puntualmente, en una clara muestra de cómo el sistema judicial se ha blindado frente a cualquier tipo de crítica o ajuste.

Mientras los trabajadores del Poder Judicial siguen recibiendo sus exorbitantes salarios, más de 12 mil 448 audiencias fueron canceladas. Este paro judicial es una clara muestra de cómo se desprecian las necesidades del pueblo. Los jueces no han dudado en frenar la impartición de justicia, mientras sus bolsillos continúan llenándose.

Los “sabadazos” y la justicia a modo

Por último, Rosa Icela Rodríguez expuso una práctica que ha indignado al país: los llamados “sabadazos”. Esta estrategia, utilizada por algunos jueces, consiste en liberar a delincuentes o enviarlos a prisión domiciliaria durante los fines de semana, de tal manera que las Fiscalías y los medios no tengan tiempo de reaccionar. Esta táctica ha sido una herramienta para beneficiar a los criminales más poderosos, demostrando que algunos jueces no están del lado de la justicia, sino del lado del dinero y los intereses oscuros.

Conclusión

Es claro que el Poder Judicial ha sido una de las instituciones más resistentes al cambio en México, y su corrupción y falta de compromiso con el pueblo son evidentes. Las acusaciones presentadas por Rosa Icela Rodríguez no deben tomarse a la ligera. El país necesita un sistema judicial que sea transparente, eficiente y, sobre todo, que sirva a las necesidades del pueblo y no a los intereses de unos cuantos. La Reforma Judicial no es solo una necesidad; es un paso esencial para asegurar que México avance hacia un futuro más justo y equitativo.