El poder judicial despierta con el pueblo

La elección de Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un parteaguas en la historia del Poder Judicial mexicano. Con más de seis millones de votos, este jurista oaxaqueño, de raíces indígenas y compromiso social inquebrantable, fue elegido democráticamente por el pueblo el pasado 1 de junio de 2025, inaugurando así una nueva era de participación ciudadana en uno de los poderes más opacos y elitistas del Estado.

Aguilar Ortiz no llega por dedazo ni por favores de las élites jurídicas. Su elección es resultado directo del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa Claudia Sheinbaum. La reforma judicial propuesta y aprobada por la ciudadanía en las urnas representa una ruptura necesaria con un pasado de corrupción, privilegios y complicidades en la cúspide del sistema judicial. La SCJN, otrora refugio de intereses empresariales y guardianes de los privilegios de unos cuantos, hoy empieza a transformarse en un órgano que se debe al pueblo.

Naturalmente, los enemigos de esta transformación –la comentocracia, los opositores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y los beneficiarios del viejo régimen judicial– han comenzado a esgrimir sus argumentos derrotistas. Alegan que esta será una “Suprema Corte guinda”, que responde a Morena y a la 4T. Pero eso es una distorsión malintencionada. Que los ministros electos tengan un perfil cercano al pueblo no significa obediencia ciega al gobierno. Lo que garantiza es una SCJN con sensibilidad social, no con lealtades al dinero ni a los bufetes de abogados que se reparten el botín de la impunidad.

El cambio ha generado reacciones viscerales entre quienes habían colonizado la Corte desde las alturas del conservadurismo. La furia de la derecha no se hizo esperar. Lamentan la pérdida de su bastión y tratan de sembrar la duda, hablando de ministros “chaqueteros”, como Margarita Ríos Farjat y Juan González Alcántara, a quienes acusan de haber traicionado los principios de la transformación. Pero lo que realmente ocurrió es que en su afán por agradar a los poderes fácticos, olvidaron a quién debían lealtad: al pueblo.

El caso de González Alcántara es especialmente grave. Su nombre aparece vinculado a la reunión clandestina entre Alejandro “Alito” Moreno y la ministra Norma Piña, celebrada en su residencia de las Lomas de Chapultepec. ¿Qué hacían un priísta impresentable y la cabeza del Poder Judicial, reunidos en privado en casa de un ministro? Todo indica que tramaban un minigolpe de Estado, como parte de su estrategia para sabotear al gobierno de la 4T. Esto no es una invención. Es la confirmación de que muchos integrantes de la vieja SCJN no eran árbitros, sino jugadores del equipo neoliberal.

Tampoco extraña que Margarita Ríos Farjat, quien llegó a la Corte como reconocimiento por su impecable labor al frente del SAT, terminara mostrando su verdadero rostro. La tentación del dinero, los grandes despachos y las influencias de los “coyotes de pedigrí” terminaron por seducirla. Su actuación, errática y contradictoria, es el reflejo de una Corte que estaba podrida desde adentro, dominada por intereses ajenos al interés nacional. La actual transformación no es solo necesaria: es urgente.

Frente a esto, la reacción de los sectores opositores no es propositiva ni constructiva. Es mezquina. Veamos el caso del PRI y su coordinador en el Senado, Manuel Añorve. En lugar de defender a nuestros migrantes, que envían miles de millones de dólares en remesas cada año, prefieren no mover un dedo. Se niegan a participar en las gestiones ante Washington para frenar el cobro del impuesto del 3.5% a las remesas. Abandonan a nuestros paisanos a su suerte mientras se escudan en una falsa dignidad legislativa. ¿A cuántos mexicanos afectará su indiferencia? ¿Cuántos perderán sus visas o verán mermado el sustento de sus familias? El PRI ha elegido el camino de la traición.

En contraste, senadores de Morena y sus aliados ya viajaron a Estados Unidos para luchar por nuestros migrantes. Porque en la 4T no hay espacio para el olvido ni para la comodidad. Hay convicción, hay acción y, sobre todo, hay compromiso. Mientras los añorvistas se quedan de brazos cruzados, los legisladores transformadores están dando la batalla.

A nivel internacional, también observamos el colapso de un supuesto “matrimonio por conveniencia” entre Elon Musk y Donald Trump. La ruptura del magnate con el expresidente republicano se da por razones económicas, pero también morales. Musk, conocido por su pragmatismo brutal, no tolera ya el despilfarro del nuevo presupuesto estadounidense, que eleva el déficit a 2.5 billones de dólares. Mientras Trump promete austeridad, en realidad perpetúa un modelo neoliberal insostenible. El empresario no ha dudado en utilizar su plataforma X para denunciar la hipocresía fiscal de su antiguo aliado.

Este escenario internacional contrasta con la responsabilidad y coherencia de los gobiernos de la 4T. En México, la austeridad republicana ha sido un principio rector, no una consigna vacía. Los nuevos jueces y magistrados electos por voto popular ganarán menos que la presidenta de la República, como lo establece la Constitución. Porque servir al pueblo no es sinónimo de enriquecerse a costa del erario. Es una vocación, no un negocio.

La fecha del 1 de junio de 2025 será recordada como un momento bisagra en nuestra historia. Tal como evocaba el cuento de Monterroso: “Y cuando el pueblo de México despertó, lo primero que hizo fue cambiar el Poder Judicial…”. Y sí, despertamos. Y sí, decidimos que no podíamos permitir más a un Poder Judicial secuestrado por los intereses de los potentados.

La derecha, los opositores, los Ríos Farjat y los González Alcántara del mundo, no han entendido que ya no volverán los tiempos en que se decidía todo en lo oscurito. Que ya no hay cabida para ministros que rinden cuentas a empresarios o partidos, en lugar de a los ciudadanos. Con la elección de Hugo Aguilar Ortiz, con la reforma judicial aprobada por el pueblo, y con la claridad ética de quienes hoy nos representan, México ha decidido que su justicia, por fin, sea verdaderamente del pueblo y para el pueblo.

No hay marcha atrás. La transformación avanza. Y esta vez, ni los dinosaurios de la toga ni los fantasmas del pasado podrán detenerla.