El Mito de la Ignorancia: Calderón y la Traición de García Luna

La sentencia que condena a Genaro García Luna a casi 39 años de prisión por su colusión con la delincuencia organizada ha desatado una serie de declaraciones que, más allá de cualquier defensa, nos obligan a cuestionar el legado de Felipe Calderón. El expresidente, que en su momento posicionó a García Luna como el baluarte de su estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narco”, ha tratado de distanciarse de las evidencias que apuntan directamente a su exsecretario de Seguridad Pública, afirmando que jamás tuvo “evidencia verificable” de sus actividades ilícitas. Esta postura, sin embargo, se desmorona ante los hechos históricos y las múltiples señales que, desde su sexenio, advertían del oscuro proceder de quien fue su brazo derecho en la fallida lucha contra el crimen organizado.

La retórica de Felipe Calderón, quien busca exonerarse de cualquier responsabilidad, es una afrenta a la memoria colectiva de un país que ha sufrido las consecuencias de esa estrategia militarizada. Su argumento de no haber contado con pruebas ni alertas por parte de agencias nacionales o extranjeras sobre los vínculos de García Luna con el narcotráfico resulta, por decir lo menos, increíble. Pero lo más grave es que esta narrativa, llena de omisiones, intenta diluir la culpabilidad del exmandatario en un sistema de seguridad que permitió el crecimiento de los cárteles y la corrupción en las instituciones encargadas de combatirlos.

Desde su cuenta de X (antes Twitter), Calderón intentó pintar un escenario en el que tanto él como su gobierno eran víctimas de una traición silenciosa por parte de García Luna. “Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas”, dice Calderón. No obstante, los casos de funcionarios que se atrevieron a denunciar los abusos y la cercanía de García Luna con el narcotráfico muestran otra realidad: quienes señalaron los vínculos del exsecretario fueron silenciados, encarcelados y, en algunos casos, torturados. El caso más emblemático es el del General Tomás Ángeles Dauahare, un militar de alto rango que alertó directamente a Calderón sobre las actividades delictivas de García Luna. ¿El resultado? En lugar de tomar en serio las advertencias, Ángeles Dauahare fue acusado falsamente de nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció encarcelado injustamente durante 11 meses.

El silencio del calderonismo no solo implicó una omisión cómplice, sino una represión directa contra aquellos que intentaron exponer la verdad. Otro caso que ilustra esta persecución es el de Javier Herrera Valles, un alto mando de la policía que, tras denunciar por escrito la relación de colaboradores cercanos de García Luna con la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y torturado. El hecho de que Calderón pretenda hoy desconocer estos antecedentes es un insulto a quienes, en su momento, arriesgaron todo por sacar a la luz la verdad.

La postura defensiva de Felipe Calderón frente a las acusaciones que rodean a su exsecretario de Seguridad Pública revela, en el fondo, la desesperación de un exmandatario que busca preservar un legado ya erosionado. No podemos olvidar que fue él quien implementó la fallida “guerra contra el narco”, una estrategia que sumió al país en una espiral de violencia sin precedentes y cuyas consecuencias todavía resuenan en las vidas de millones de mexicanos. El propio Calderón ha afirmado que, de tener la oportunidad, repetiría su estrategia de seguridad, lo cual nos obliga a preguntarnos: ¿cómo puede alguien justificar la repetición de un esquema que resultó desastroso para México?

La violencia que se desató durante el sexenio de Calderón, y que aún no cesa, no puede desvincularse del hecho de que su principal estratega en seguridad estaba involucrado hasta el cuello con el narcotráfico. García Luna no era un actor secundario en la política de seguridad de ese gobierno; era el artífice de una estructura que, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, fortaleció la red de corrupción y permitió la expansión de los cárteles, particularmente el de Sinaloa. Este es el verdadero rostro de la “guerra contra el narco”: una guerra donde los mismos que deberían protegernos estaban en colusión con aquellos a quienes se suponía debían combatir.

Calderón ha intentado lavar sus manos, pero la mancha de la complicidad es demasiado grande. Es imposible creer que no supiera nada, sobre todo cuando múltiples voces dentro y fuera de su administración levantaron la alarma. La falta de acción de Calderón en su momento, y ahora su intento de deslindarse de responsabilidades, solo refuerza la percepción de que, lejos de ser un líder decidido a enfrentar el crimen organizado, fue un presidente que permitió la corrupción en las más altas esferas de su gobierno.

Resulta irónico que Calderón, quien tras la captura de García Luna decidió exiliarse en España, hable ahora de transparencia y rendición de cuentas. Su insistencia en que no tuvo acceso a las pruebas presentadas en el juicio de Nueva York es otro intento de desviar la atención de lo esencial: que él fue el jefe de un gobierno que protegió a un criminal. A pesar de todas las evidencias y testimonios en su contra, Calderón sigue aferrado a la idea de que su estrategia de seguridad fue correcta, cuando la realidad muestra todo lo contrario.

El juicio de García Luna no es solo el juicio de un exfuncionario corrupto; es, en muchos sentidos, el juicio a toda una administración que falló rotundamente en su intento por pacificar al país. Mientras Calderón intenta distanciarse de su otrora “super policía”, el pueblo mexicano sigue cargando con las secuelas de una violencia que, en gran medida, fue exacerbada por las decisiones de su gobierno.

La historia no será benévola con Felipe Calderón. Su intento de eludir responsabilidades quedará registrado como parte de un patrón de impunidad que caracterizó su sexenio. Mientras tanto, México sigue buscando justicia por los miles de muertos, desaparecidos y desplazados que dejó la “guerra contra el narco”. Y aunque Calderón quiera presentarse como un hombre ajeno a las actividades ilícitas de sus colaboradores, la verdad es que su administración será recordada como una donde la corrupción y el crimen florecieron bajo el manto de la supuesta legalidad.

En este contexto, es fundamental que la sociedad mexicana continúe exigiendo que los responsables de esa época de violencia y colusión enfrenten las consecuencias de sus actos. Calderón podrá intentar escapar del juicio de la historia, pero la realidad, esa que vivieron millones de familias mexicanas, es una que no se olvida fácilmente.