El Horror de La Cima en Jalisco: Miles de Familias Atrapadas en el Fraude de la Constructora Tango

En un escandaloso caso que ha dejado a miles de familias en una situación precaria, la constructora Tango ha sido acusada de un fraude masivo en el estado de Jalisco, específicamente en el fraccionamiento La Cima. Las investigaciones revelan que esta inmobiliaria operó en complicidad con autoridades de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, dejando a los propietarios de 2,500 viviendas en una situación desesperada.

La tragedia de La Cima comenzó en 2010, cuando se inició su construcción en siete etapas diferentes. Sin embargo, los problemas surgieron cuando las primeras tres etapas fueron entregadas al ayuntamiento el 28 de septiembre de 2012, mientras que las siguientes no fueron aceptadas debido a la falta de habitabilidad y factibilidad hídrica, según documentos oficiales.

La situación se agrava al descubrirse que la Auditoría del Estado de Jalisco (AEJ) encontró irregularidades en los ingresos de la inmobiliaria en los años 2018 y 2020. Se descubrió que la empresa no había realizado el pago de 16.5 millones de pesos por la ampliación de la vigencia de licencias de urbanización, un trámite crucial para cualquier desarrollo urbano. A pesar de estas anomalías, la AEJ no presentó denuncias penales contra servidores públicos involucrados.

Lo más alarmante es que, a pesar de la falta de permisos y licencias, los gobiernos municipales de Joaquín González Lara (Acción Nacional) y Jorge Abel Hermosillo Pulido (Movimiento Ciudadano) permitieron la edificación y venta de estas viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El Infonavit entregó un total de 1,821 créditos que oscilan entre 300,000 y 700,000 pesos cada uno, sumando un total de al menos 546 millones de pesos pagados al desarrollador por la construcción de La Cima, donde actualmente residen unas 2,981 personas.

El delegado del Infonavit en Jalisco, Ramón Gómez Armentia, ha afirmado que la dependencia tenía todas las autorizaciones necesarias para el fraccionamiento. Sin embargo, el alcalde de El Arenal, Jorge Camarena Baltazar, ha denunciado en una misiva dirigida al gobierno municipal y a diversas autoridades que la empresa continuó vendiendo casas y departamentos de manera ilegal, con construcciones deficientes y sin los permisos correspondientes, poniendo en constante riesgo la vida de los residentes.

Uno de los aspectos más sorprendentes de este caso es la desaparición de la inmobiliaria Tango. Sus oficinas y representantes legales son prácticamente imposibles de ubicar, dejando a los afectados en una situación desesperada. Rodrigo Gil Ramírez, quien fue el apoderado legal de la firma durante la construcción irregular, ocupa actualmente el cargo de presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, nombrado públicamente por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. A pesar de las quejas y la misiva enviada al gobernador en diciembre pasado, ninguna autoridad ha intervenido para dar una solución a los vecinos afectados.

La diputada local Susana de la Rosa Hernández del partido Futuro ha señalado que este caso es un claro ejemplo del surgimiento del cártel inmobiliario en Jalisco. Comparándolo con el fenómeno que ha ocurrido en la Ciudad de México, De la Rosa Hernández advierte que La Cima refleja una preocupante forma de operar en el estado. Permitir a constructoras crear fraccionamientos o departamentos que no cumplen con los planes parciales de desarrollo, carecen de información sobre estudios de impacto y operan sin los permisos necesarios, resulta en la violación de los derechos humanos y económicos de la población.

La diputada ha presentado un punto de acuerdo ante el Congreso estatal para que las autoridades tomen medidas urgentes y resuelvan esta crisis que ha dejado a miles de familias en una situación crítica.

Ante esta situación, las familias afectadas en La Cima han lanzado un llamado desesperado a las autoridades para que se haga justicia. Muchos de ellos han tenido que vivir sin servicio de agua potable y en viviendas con dictámenes de riesgo estructural que ponen en peligro sus vidas. Además, siguen pagando los créditos otorgados por el Infonavit para adquirir estas viviendas, mientras que la empresa constructora responsable ha desaparecido por completo.

Los afectados relatan cómo han pasado años viviendo en condiciones precarias y con la constante preocupación de que sus hogares puedan colapsar en cualquier momento. La incertidumbre y la frustración han sido sus compañeras constantes, mientras luchan por encontrar una solución a esta crisis que los ha dejado endeudados y sin un lugar seguro donde vivir.

El alcalde de El Arenal, Jorge Camarena Baltazar, ha expresado su preocupación por la situación de los afectados en La Cima y ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes. En su misiva dirigida al gobierno municipal y a diversas autoridades, el alcalde denuncia que la empresa Tango ha continuado vendiendo propiedades de manera ilegal, sin los permisos necesarios, y que las construcciones presentan deficiencias evidentes que ponen en riesgo la seguridad de los residentes.

El delegado del Infonavit en Jalisco, Ramón Gómez Armentia, ha defendido la actuación de la dependencia, asegurando que contaban con todas las autorizaciones necesarias para el fraccionamiento La Cima. Sin embargo, las pruebas presentadas por el alcalde y las denuncias de los afectados indican lo contrario, lo que ha generado una creciente indignación entre la población.

Por su parte, la Auditoría del Estado de Jalisco (AEJ) ha realizado investigaciones que han revelado irregularidades en los ingresos de la inmobiliaria Tango en los años 2018 y 2020. Se ha descubierto que la empresa no cumplió con el pago de 16.5 millones de pesos por la ampliación de la vigencia de licencias de urbanización, un trámite esencial para cualquier proyecto de construcción. A pesar de estas irregularidades, la AEJ no ha presentado denuncias penales contra los servidores públicos involucrados en este caso, lo que ha generado interrogantes sobre la integridad del sistema de justicia en Jalisco.

El alcalde Jorge Camarena Baltazar ha subrayado la gravedad de la situación al calificarla como ilegal y omisa por parte de diversas autoridades, lo que ha permitido que la empresa continúe vendiendo propiedades sin cumplir con los requisitos legales básicos. La falta de acción por parte de las autoridades locales y estatales ha llevado a un estado de desesperación entre los afectados, quienes se sienten abandonados y sin recursos para hacer frente a esta crisis.

El caso de La Cima ha llamado la atención de la diputada local Susana de la Rosa Hernández, quien pertenece al partido Futuro. De la Rosa Hernández ha destacado que este caso es un reflejo del surgimiento del cártel inmobiliario en Jalisco, un fenómeno que ha venido creciendo y que presenta serias amenazas para los derechos y la seguridad de la población. La diputada ha expresado su preocupación por la falta de cumplimiento de los planes parciales de desarrollo, la ausencia de estudios de impacto y la operación ilegal de empresas constructoras en el estado, lo que ha resultado en la vulneración de los derechos humanos y económicos de la gente.

En un esfuerzo por abordar esta crisis, Susana de la Rosa Hernández ha presentado un punto de acuerdo ante el Congreso estatal para instar a las autoridades a tomar medidas urgentes y resolver el problema en La Cima. La diputada ha destacado la importancia de proteger a las familias afectadas y garantizar que se haga justicia en este caso, mientras se busca evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

La desaparición de la inmobiliaria Tango ha generado una gran incertidumbre entre los afectados y la comunidad en general. Ni siquiera se conoce la dirección de la empresa, lo que ha dificultado aún más la búsqueda de soluciones. El hecho de que Rodrigo Gil Ramírez, quien fue el apoderado legal de la firma durante la construcción irregular, ocupe actualmente el cargo de presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, nombrado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ha causado consternación y ha generado preguntas sobre posibles conflictos de interés.

La comunidad en La Cima ha enviado repetidas quejas y una misiva al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha intervenido para dar una solución a los vecinos afectados. Esta falta de acción ha aumentado la frustración y la indignación de la comunidad, que sigue luchando por encontrar respuestas y justicia.

Mientras tanto, los propietarios de las 2,500 viviendas en La Cima siguen atrapados en una pesadilla. Muchos de ellos adquirieron estas viviendas mediante créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y siguen pagando estas deudas a pesar de las terribles condiciones en las que viven. La falta de servicio de agua potable y los dictámenes de riesgo estructural que ponen en peligro sus vidas han convertido sus hogares en lugares inseguros y precarios.

La incertidumbre sobre el paradero de la inmobiliaria Tango ha dejado a estas familias en una situación desesperada. No solo han sido víctimas de un fraude masivo, sino que también se enfrentan a la falta de respuestas por parte de las autoridades responsables. La angustia y la preocupación por el futuro son sentimientos constantes para estas familias que, en su mayoría, son de escasos recursos y han visto sus sueños de tener un hogar digno convertidos en una pesadilla.

En medio de esta crisis, las familias afectadas han lanzado un llamado desesperado a las autoridades para que se haga justicia. Exigen respuestas concretas y medidas inmediatas para resolver esta situación. Además, han solicitado apoyo legal y asesoramiento para enfrentar la deuda que contrajeron con el Infonavit para adquirir estas viviendas.

La historia de La Cima es un ejemplo preocupante de cómo la falta de supervisión y regulación puede dar lugar a abusos por parte de empresas constructoras y poner en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. La falta de transparencia y la complicidad de algunas autoridades locales y estatales han contribuido a esta tragedia.

Ante este panorama, es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para investigar a fondo este caso y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se debe proporcionar apoyo y asistencia a las familias afectadas para que puedan reconstruir sus vidas y recuperar la estabilidad que han perdido.

En resumen, el fraude perpetrado por la constructora Tango en el fraccionamiento La Cima de Jalisco ha dejado a miles de familias en una situación desesperada. La complicidad de algunas autoridades, la falta de supervisión adecuada y la desaparición de la inmobiliaria han contribuido a esta tragedia. Es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para investigar este caso y garantizar que se haga justicia. Mientras tanto, las familias afectadas continúan luchando por encontrar respuestas y soluciones a una crisis que ha trastornado sus vidas y sus sueños de tener un hogar seguro.