El fin del saqueo en el Infonavit: la 4T pone orden

El Senado de la República ha dado un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores con la aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, una enmienda que, más allá de ser una simple modificación legal, representa el fin de un negocio multimillonario que, por décadas, enriqueció a una élite corrupta a costa del patrimonio de los derechohabientes. No es casualidad que líderes sindicales, empresarios de la construcción, políticos de la vieja guardia, jueces y despachos de abogados estén de luto y al borde del llanto: el botín al que estaban acostumbrados se les ha escapado de las manos.

Durante casi seis horas de debate, los legisladores de la Cuarta Transformación defendieron la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma que garantiza a los trabajadores el acceso a una vivienda digna y asequible. La derecha, representada por el PAN y el PRI, no tardó en mostrar su rechazo y en repetir su desgastado discurso de siempre: que el gobierno busca apropiarse de los fondos del Infonavit, los mismos fondos que ellos saquearon sin pudor durante décadas. Se les olvida que la 4T no actúa con la lógica de sus gobiernos corruptos, donde todo era oportunidad para el desfalco.

El modus operandi del saqueo

El Infonavit, que nació para garantizar la vivienda de los trabajadores, fue convertido en una máquina de hacer dinero para políticos, empresarios y jueces cómplices de los gobiernos neoliberales. Lo que debió ser un instrumento de justicia social se convirtió en un festín de corrupción.

El director del Infonavit, Octavio Romero, reveló el escandaloso modus operandi: al menos 249 mil derechohabientes fueron despojados de sus viviendas a través de juicios masivos amañados. Los trabajadores ni siquiera eran notificados de los procesos en su contra, pues las demandas se promovían en entidades distintas a las de su domicilio, asegurando así que nunca pudieran defenderse. Esta operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados, los cuales, en contubernio con jueces y notarios corruptos, hicieron de la extorsión inmobiliaria su principal negocio.

Pero el robo no terminaba ahí. Entre las prácticas más comunes estaban la venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, la condonación fiscal para constructoras amigas del régimen neoliberal, la asignación de contratos ilegales, la manipulación de peritajes y la triangulación de recursos. Todo esto bajo la complicidad de altos directivos del Infonavit, que se repartían jugosas indemnizaciones irregulares, sueldos exorbitantes y prestaciones fuera de toda norma.

La reforma que rompe el saqueo

La reforma aprobada no solo fortalece el control sobre los recursos del Infonavit, sino que introduce medidas clave para evitar que se repita el saqueo:

• Reconoce por primera vez la figura de arrendamiento social, una opción que permitirá a los trabajadores acceder a vivienda digna sin necesidad de endeudarse de por vida.
• Fortalece la estructura tripartita del Infonavit, pero con mayores facultades para el director general, garantizando un mejor control sobre el destino de los fondos.
• Endurece las medidas contra el mal manejo de los recursos de vivienda, cerrando las puertas a los fraudes que, durante décadas, beneficiaron a unos cuantos a costa de los trabajadores.

El PAN y el PRI, que no pierden oportunidad para defender los intereses de sus patrones empresariales, se opusieron con el argumento de siempre: el supuesto riesgo de que el gobierno “se quede” con los 2.5 billones de pesos del Infonavit. Una mentira más de la derecha, que parece olvidar que los únicos que se han robado esos fondos han sido ellos y su red de cómplices.

El cinismo de la derecha: lágrimas de cocodrilo

La reacción de los conservadores no sorprende. Desde los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Infonavit fue saqueado sin piedad. Los mismos que hoy lloran por la reforma fueron los que permitieron que miles de trabajadores fueran despojados de sus hogares a través de fraudes diseñados por despachos de abogados que tenían línea directa con jueces a modo.

La supuesta preocupación de PAN y PRI por el destino de los fondos del Infonavit es pura hipocresía. Nunca levantaron la voz cuando los trabajadores recibían casas en zonas alejadas, sin servicios, mal construidas y con precios inflados. Tampoco dijeron nada cuando se revelaron los fraudes en los juicios hipotecarios o cuando empresas constructoras ligadas a ex presidentes se beneficiaron de contratos multimillonarios.

Lo que les duele es que se acabó el negocio. Que ya no podrán repartirse entre sus amigos los contratos, las casas, los terrenos y los fondos que pertenecen a los trabajadores.

Sheinbaum y la 4T: garantizando vivienda para el pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su gobierno no permitirá más abusos contra los trabajadores. La reforma al Infonavit es solo una de muchas acciones que la 4T implementará para garantizar el acceso a vivienda digna. Con la creación de nuevos programas de vivienda, el fortalecimiento de la regulación y la erradicación de los fraudes, se está sentando un precedente para que nunca más el derecho a la vivienda sea un negocio para unos cuantos.

Los tiempos en que jueces, abogados, empresarios y políticos saqueaban los recursos de los trabajadores han terminado. La derecha podrá seguir llorando, pero la realidad es clara: con la 4T, el Infonavit regresa a quienes siempre debió servir: los trabajadores de México.