Ejido de Carrizalillo exige justicia ambiental ante daños de minera canadiense
Ciudad de México.— En un acto de dignidad y defensa de su territorio, representantes del ejido de Carrizalillo, en el estado de Guerrero, confirmaron que a dos meses de la suspensión indefinida de actividades por parte de la empresa canadiense Equinox Gold, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado una serie de inspecciones para determinar los daños ambientales ocasionados por casi dos décadas de actividad minera a cielo abierto en la zona.
Del 26 al 29 de mayo, la autoridad ambiental ingresó al ejido, incluida la mina Los Filos, para realizar recorridos técnicos en los que se busca identificar posibles afectaciones al suelo, agua y aire como resultado de los trabajos extractivos iniciados en 2005. Los integrantes de la mesa ejidal indicaron que se encuentran a la espera de los resultados de estas inspecciones, que podrían derivar en sanciones, clausuras o multas contra la compañía extranjera.
Actualmente, la comunidad mantiene un cerco de control sobre la zona minera, restringiendo el ingreso únicamente al personal esencial de la empresa para evitar posibles derrames de químicos tóxicos que pongan en riesgo la salud y los terrenos, anteriormente destinados a la agricultura. Esta acción reafirma el compromiso de los ejidatarios con la protección de su medio ambiente y su calidad de vida.
Una de las principales preocupaciones expresadas por los representantes del ejido es la falta de un plan de cierre y post cierre por parte de Equinox Gold, un requisito legal y ético para garantizar la remediación de los daños ambientales y sanitarios causados por la minería intensiva. Hasta ahora, la empresa no ha presentado ninguna propuesta de este tipo, lo cual aumenta la incertidumbre sobre el futuro ecológico del ejido.
Cabe recordar que Equinox Gold suspendió sus operaciones el pasado 1º de marzo, luego de no lograr un nuevo acuerdo con los ejidatarios para la renovación del contrato de renta de tierras, tras proponer una reducción en los pagos. A pesar del cese de actividades, la compañía no ha vuelto a dialogar con la comunidad para renegociar las condiciones. Sin embargo, los ejidatarios han dejado claro que están abiertos a recibir propuestas razonables que beneficien a la comunidad parcelaria.
En un intento por presionar, la empresa canadiense ha iniciado demandas legales contra el ejido y aproximadamente 125 parcelarios, alegando un supuesto intento de despojo de tierras. Ante esta situación, la comunidad cuenta con el respaldo legal de la Procuraduría Agraria, que defiende los derechos de los ejidatarios y garantiza que los procesos se lleven a cabo en estricto apego a la ley mexicana.
Este caso refleja el compromiso del Gobierno de México con la justicia ambiental y la defensa del territorio de las comunidades rurales. La actuación firme de la Profepa y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria son muestra clara de una política pública que prioriza la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos frente a prácticas extractivas que vulneran su bienestar.