Duelo en la Corte: Sener detiene amparos contra reforma eléctrica, ¿justicia o presión política?

En una movida legal que ha generado amplio debate en el ámbito político y jurídico, la Secretaría de Energía (Sener) ha solicitado que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, sean declarados impedidos para resolver los amparos en contra de la reforma eléctrica que estaban programados para ser discutidos este miércoles en la Segunda Sala del máximo tribunal del país.

Esta solicitud de impedimento ha causado un revuelo en el ambiente jurídico, ya que implica un freno temporal en la votación de estos asuntos de gran relevancia nacional. Ahora, será necesario que los demás ministros de la Segunda Sala decidan si los ministros señalados tienen razones legales para no participar en la discusión y votación de estos casos que han sido motivo de intensos debates y controversias en México.

Los amparos en cuestión son el amparo en revisión 164/2023, presentado por Eléctrica del Valle de México, el cual está bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán; y el amparo en revisión 106/2023, presentado por la empresa Recursos Solares PV de México IV, el cual ha sido encomendado al ministro Javier Laynez Potisek.

La argumentación de la Sener en sus peticiones de impedimento, registradas con los números 16/2023 y 17/2023, se basa en la supuesta falta de imparcialidad de Pérez Dayán y Aguilar Morales, ya que, según la Secretaría de Energía, ambos ministros son miembros del Instituto Mexicano del Amparo, una asociación civil que ha promovido amparos contra la reforma eléctrica.

Un punto de interés en esta controversia es que, según el sitio web de dicha asociación, únicamente el ministro Pérez Dayán aparece como vocal, lo que plantea interrogantes sobre la participación de Aguilar Morales en la misma y sobre su implicación en los procesos judiciales relacionados con la reforma eléctrica.

La solicitud de impedimento presentada por la Sener ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y legales del país. Por un lado, partidarios del gobierno federal han respaldado la decisión de la Secretaría de Energía, argumentando que busca garantizar un proceso judicial justo y transparente en el que los ministros involucrados no tengan conflictos de interés.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a esta medida y subrayó la importancia de que los jueces y magistrados sean imparciales en sus decisiones, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan la política energética nacional.

“La reforma eléctrica es una pieza clave para la soberanía energética de México y su independencia en este ámbito. Todos los ciudadanos merecen un proceso judicial justo y libre de influencias externas”, declaró el presidente López Obrador en una conferencia de prensa realizada esta mañana.

Por su parte, el titular de la Sener, Manuel Bartlett, destacó que esta solicitud de impedimento tiene como objetivo principal garantizar que las decisiones de la SCJN sean tomadas de manera imparcial y sin conflictos de interés que puedan afectar la aplicación de la reforma eléctrica.

“Estamos en un momento crucial para el futuro energético de México. La reforma eléctrica es esencial para fortalecer nuestra infraestructura energética y proteger nuestros recursos naturales. Por eso, es fundamental que los jueces que la evalúen estén libres de cualquier sospecha de parcialidad”, afirmó Bartlett en una conferencia de prensa conjunta con el presidente López Obrador.

Sin embargo, esta solicitud de impedimento ha generado también críticas por parte de aquellos que consideran que se trata de un intento por parte del gobierno federal de influir en la decisión de la SCJN y de obstaculizar la posibilidad de que los amparos en contra de la reforma eléctrica sean resueltos de manera favorable para los que los han promovido.

Algunos opositores políticos han calificado la solicitud de “un acto de presión” sobre el Poder Judicial de la Federación y han expresado su preocupación por el respeto a la independencia de los jueces y magistrados.

El senador panista Gustavo Madero señaló que esta solicitud de impedimento “plantea serias dudas sobre la autonomía del Poder Judicial y la separación de poderes en México”.

En el mismo sentido, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu afirmó que “el gobierno federal no puede pretender dictarle al Poder Judicial quiénes pueden o no participar en la resolución de casos importantes para el país”.

Ante estas críticas, la SCJN ha anunciado que llevará a cabo una revisión exhaustiva de las peticiones de impedimento presentadas por la Sener y que se tomará el tiempo necesario para evaluar si los ministros Pérez Dayán y Aguilar Morales deben o no ser declarados impedidos para resolver los amparos.

En este proceso de revisión, se espera que se escuchen los argumentos de ambas partes y se analice detenidamente la situación de los ministros en cuestión. La decisión final recaerá en manos de los demás ministros de la Segunda Sala, quienes deberán tomar en cuenta los principios de imparcialidad y justicia en sus deliberaciones.

Mientras tanto, los actores involucrados en los amparos en revisión 164/2023 y 106/2023, así como diversos grupos de interés, seguirán de cerca el desarrollo de esta situación legal que tiene un impacto directo en la política energética del país.

El amparo en revisión 164/2023, promovido por Eléctrica del Valle de México, ha sido uno de los casos más emblemáticos en la oposición a la reforma eléctrica. La empresa ha argumentado que la reforma vulnera sus derechos y limita su capacidad para competir en el mercado energético mexicano. Por su parte, el amparo en revisión 106/2023, presentado por Recursos Solares PV de México IV, también plantea preocupaciones similares sobre la afectación de los derechos de las empresas en el sector energético.