Diputados Prohíben Cobro de Comisiones por Pago con Tarjeta

En un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores, la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad importantes reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estas modificaciones buscan poner fin a una práctica comercial extendida y cuestionable: el cobro de comisiones adicionales por pagos realizados con tarjetas de débito, crédito o mediante otros medios físicos de disposición de recursos.

Con las reformas aprobadas, queda expresamente prohibido que los proveedores de bienes, productos o servicios impongan cargos extra a los consumidores que elijan este tipo de medios de pago. La medida tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia y equidad en las transacciones comerciales, beneficiando así a millones de consumidores en todo el país.

Esta iniciativa surge en respuesta a informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que revelaron cómo ciertos establecimientos cobran una “comisión” o “recargo” adicional, que oscila entre el 3 y el 5 por ciento del valor total de la compra o servicio, cuando se utiliza tarjeta de crédito o débito para realizar el pago. Tales prácticas no solo incumplen los acuerdos establecidos entre comercios y bancos respecto al uso de terminales punto de venta, sino que también trasladan injustamente los costos operativos a los consumidores.

La nueva regulación busca eliminar estas cargas indebidas, reconociendo que los beneficios obtenidos por los comercios mediante el uso de terminales punto de venta superan con creces los costos asociados a su utilización. La práctica de repercutir estos gastos en el consumidor es ahora considerada inaceptable.

Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con multas que van desde los 701.15 pesos hasta los dos millones 243 mil 671.49 pesos, lo que subraya la seriedad con que se tomará el cumplimiento de esta normativa.

Con el turno al Senado para continuar con el proceso legislativo, estas reformas representan un avance significativo en la defensa de los consumidores y un paso hacia prácticas comerciales más justas y transparentes en México. Esta medida no solo favorece la equidad en las transacciones comerciales sino que también promueve una cultura de consumo responsable y protegido.