Desmantelan red de falsificación de documentos oficiales en Durango
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha descubierto en la ciudad de Durango una banda delictiva dedicada a la falsificación de documentos oficiales. Noel Díaz Rodríguez, titular de la institución, informó sobre la detención de 13 personas relacionadas con esta red criminal y el decomiso de computadoras utilizadas para llevar a cabo estas actividades ilícitas. Los documentos falsos, como actas de nacimiento, matrimonio, defunción y nacionalización, eran principalmente entregados a migrantes.
Según declaraciones del funcionario, se sospecha que esta red forma parte de una cadena nacional que opera en Durango, lo cual ha llevado a la realización de más de 25 cateos y la recuperación de equipos de cómputo. El delito cometido por esta organización es de escala nacional, ya que los implicados lograban modificar tanto el Sistema Nacional como el local en la emisión de las actas fraudulentas que posteriormente entregaban a migrantes de otros países.
En relación a estos hechos, se ha logrado la aprehensión del director de la oficina del Registro Civil del municipio de Lerdo, quien se encontraba involucrado en esta red delictiva. A pesar de los avances en la investigación, el titular de la Fiscalía señaló que es posible que haya más personas implicadas y que las pesquisas se extiendan a otros estados, por lo que el trabajo para desmantelar por completo esta red criminal aún no ha concluido.
Noel Díaz Rodríguez también destacó que se han encontrado evidencias de que las actas de nacimiento y defunción falsificadas podrían haber sido utilizadas para el cobro de pólizas de seguro. Además, se sospecha que las actas de matrimonio y nacimiento fraudulentas eran buscadas por extranjeros interesados en obtener la nacionalidad, así como para adopciones ilegales. Se estima que algunos de los detenidos habrían obtenido ganancias cercanas a un millón de pesos por sus actividades delictivas.
El fiscal anticorrupción reveló que esta red operaba desde la capital duranguense y Lerdo, en la región lagunera del estado. Entre las 13 personas arrestadas se encuentran tanto trabajadores del Registro Civil como particulares, lo que evidencia la complejidad y alcance de esta banda delictiva.
Las autoridades han dejado claro que la falsificación de documentos oficiales es un delito grave que afecta la seguridad y confianza de los ciudadanos, así como el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de emitir estos documentos. Por esta razón, se ha intensificado la labor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para erradicar estas prácticas y llevar ante la justicia a todos los implicados.
La detección y desarticulación de esta red de falsificación de documentos en Durango es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México. Estos hechos demuestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar que se cometan este tipo de delitos, así como de implementar penas más severas para quienes los perpetren.
Las autoridades exhortan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la falsificación de documentos oficiales, con el fin de colaborar en la identificación y persecución de estas redes criminales. Además, se hace hincapié en la importancia de verificar la autenticidad de los documentos emitidos por las autoridades correspondientes y no caer en manos de falsificadores que buscan aprovecharse de la necesidad o desesperación de las personas.
En conclusión, la detección de esta red de falsificación de documentos oficiales en Durango es un golpe contundente contra la corrupción y el crimen organizado en México. Las autoridades seguirán trabajando arduamente para desmantelar por completo esta red y llevar ante la justicia a todos los responsables. Asimismo, es fundamental que la sociedad esté alerta y colabore con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con este tipo de delitos. La falsificación de documentos oficiales es un delito grave que afecta la seguridad y confianza de todos los ciudadanos, y su combate requiere de la participación y colaboración de todos los sectores de la sociedad.