Denuncian Operaciones Ilícitas del Cártel Inmobiliario en Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua

Ciudad de México. Violaciones a los planes de desarrollo urbano con la permisividad de gobiernos municipales y estatales, proyectos que dañan el medio ambiente, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como adjudicaciones directas de contratos, son algunas de las formas de operar del denominado cártel inmobiliario en los estados de Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua. Esta red involucra a personajes políticos y aspirantes a puestos de elección popular.

Quintana Roo: Proyectos Controversiales y Multas

En Quintana Roo, la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por la panista Lili Campos, aprobó el proyecto de construcción Playa By DK 35 tras el pago de una multa de más de 2.2 millones de pesos. Este proyecto, que incluye 43 condominios de alta plusvalía, se ubicaría en una zona de anidación de tortugas, violando el Plan de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Javier Tun, penalista, denunció que el director de Desarrollo Urbano, Gabriel Eduardo Ronquillo, inicialmente rechazó la solicitud de uso de suelo por exceder la densidad permitida. Sin embargo, aprobó el proyecto tras el pago de la multa, a pesar de que el predio no tenía ninguna construcción. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra ante la inconformidad de residentes locales, pero el proyecto sigue en litigio.

Jalisco: Denuncias y Triangulaciones

En Jalisco, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, y su familia, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia se centra en la construcción de tres torres departamentales en la colonia Providencia de Guadalajara, un desarrollo que implicó una serie de triangulaciones y adquisiciones irregulares.

Cecilia Márquez, candidata a diputada local, afirmó que la empresa Grupo Constructor Terla, envuelta en estas operaciones, ha recibido contratos directos por más de 250 millones de pesos durante los gobiernos de Lemus en Guadalajara y Zapopan. Además, Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, denunció permisos otorgados para fraccionamientos junto al lago de Chapala, afectando la captación de agua de lluvia hacia el embalse, principal abastecedor de agua para Guadalajara.

Chihuahua: Adjudicaciones y Conflictos de Interés

En Chihuahua, el candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, Miguel La Torre Sáenz, denunció a Alondra Martínez Ayón, directora del Instituto Municipal de Planeación, por encabezar un presunto cártel inmobiliario. La empresa Caduma Consultores, de la cual el esposo de Martínez Ayón es socio, ha recibido ocho contratos por adjudicación directa por un total de 7.5 millones de pesos.

Caduma Consultores ha realizado estudios de impacto ambiental y otros requeridos por el ayuntamiento de Chihuahua, presidido por el alcalde panista Marco Bonilla Mendoza. Regidores de Morena pidieron una investigación sobre las adjudicaciones a favor de Caduma Consultores y la posible implicación de Martínez Ayón, quien también formaba parte del Consejo de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua desde 2016.

Conclusión

Las denuncias contra el cártel inmobiliario en Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua evidencian una compleja red de corrupción y conflicto de intereses que afecta el desarrollo urbano y medioambiental en estas regiones. Las acciones de personajes políticos vinculados a estos proyectos reflejan la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en la gestión de los recursos y la planificación urbana para garantizar un desarrollo sostenible y justo.