Denuncian a exmagistrado electoral por irregularidades en su postulación al STJE
Aguascalientes, Ags. – Salvador Hernández Gallegos, quien hasta agosto de 2024 se desempeñó como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes. El exfuncionario, pese a las restricciones legales vigentes, logró inscribirse y pasar los filtros para integrar la lista de aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
De acuerdo con el Artículo 18 de la legislación local, un exmagistrado electoral no puede participar en procesos de selección o designación para otro cargo de este nivel en un plazo de dos años después de dejar el puesto. No obstante, Hernández Gallegos figura entre los candidatos para ocupar una de las cinco vacantes en el STJE, cuya elección está programada para el 1 de junio.
La denuncia fue presentada por el abogado constitucionalista Alan Capetillo Salas, quien también aspiraba a una magistratura en el STJE, pero fue descartado por el Comité de Evaluación. Capetillo Salas llevó su queja ante el Primer Partido Judicial en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde argumentó que la postulación de Hernández Gallegos representa una violación a la ley penal.
“La ley prohíbe que, siendo exmagistrado electoral, Salvador Hernández Gallegos sea postulado a cualquier cargo de elección popular, incluido el de magistrado del Supremo Tribunal. Su postulación es un delito”, declaró el abogado tras presentar la denuncia.
Capetillo Salas subrayó la importancia de este proceso legal, señalando que el caso servirá para medir la autonomía de la fiscalía electoral.
“Queda, pues, interpuesta formalmente la denuncia penal correspondiente y ahora nos toca ver si la fiscalía electoral es o no es autónoma”, añadió.
Como respaldo a sus declaraciones, el litigante entregó una copia de la denuncia, registrada bajo el expediente CI/PAB/0025/02-25, al diario La Jornada.
El proceso de selección de nuevos magistrados del STJE se lleva a cabo en un contexto de exigencia de transparencia y apego a la legalidad en la designación de los altos funcionarios judiciales del estado. Con la denuncia en curso, la expectativa se centra en la respuesta de la fiscalía y en la determinación de si la candidatura de Hernández Gallegos es legalmente viable.