Demandan atender efectos de la gentrificación en Oaxaca y rechazan criminalización de protestas
Oaxaca, Oax.– En el marco del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, realizado en Santa María Atzompa, conurbado a la capital del estado, voces provenientes de 15 entidades del país exigieron al gobierno de Oaxaca que encabeza Salomón Jara, mayor atención a las problemáticas que genera la gentrificación, fenómeno que ha desplazado a comunidades enteras, principalmente indígenas, sin que existan hasta ahora políticas públicas efectivas que garanticen su permanencia ni el acceso a derechos básicos como vivienda, agua y energía.
Durante los trabajos del encuentro, que se llevó a cabo del 16 al 20 de julio, más de 80 participantes coincidieron en denunciar la omisión del gobierno estatal ante una realidad que impacta cada vez más a la población vulnerable. De manera particular, señalaron como preocupante el desinterés de las autoridades frente al despojo generado por megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los cuales, aseguraron, están provocando una transformación forzada del tejido social y económico de múltiples regiones.
Mario Castillo, miembro del comité organizador, explicó que aunque este primer encuentro no trazó aún una estrategia concreta, sí logró dar un paso decisivo para la construcción de una metodología que permita detener el avance de la gentrificación. Se plantea, dijo, la necesidad de una propuesta jurídica y política que frene el desmedido encarecimiento de la vida, regule el uso de plataformas digitales y garantice el derecho a una vivienda digna.
Castillo también denunció que los asistentes al evento fueron objeto de presunta persecución por parte del gobierno estatal, a través de seguimientos e incluso la apertura de carpetas de investigación. Reprobó estas acciones al considerar que criminalizan la legítima protesta social y reflejan una actitud autoritaria del mandatario morenista, que lejos de abrir canales de diálogo, opta por reprimir la organización comunitaria.
El activista aclaró que el movimiento no es xenófobo, y rechazó categóricamente las versiones que intentan desacreditar la lucha, presentándola como una ofensiva contra personas extranjeras. “La gentrificación no es culpa de los foráneos, sino de la falta de legislación y de políticas públicas que permiten abusos como el incremento de rentas y la apropiación de servicios básicos por parte de empresas y grandes intereses económicos”, sostuvo.
La situación que enfrentan muchas familias oaxaqueñas, explicó, es insostenible: viviendas que hasta hace unos años se rentaban por seis mil pesos, ahora superan los 30 mil mensuales, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares. “Esto es absurdo y profundamente injusto”, recalcó.
Asimismo, denunció que mientras la población padece por la escasez de agua y energía, grandes empresas hoteleras y corporativas acaparan estos recursos sin enfrentar los mismos costos ni sanciones. Esta realidad contrasta, dijo, con los discursos oficiales que aseguran que el agua es un derecho y que la vivienda está garantizada.
Finalmente, los organizadores del encuentro reafirmaron su derecho a protestar y a organizarse sin ser criminalizados. Llamaron a las autoridades a escuchar las voces del pueblo y actuar con responsabilidad frente a un fenómeno que amenaza el futuro de las comunidades originarias. El evento concluyó con un mensaje claro: la defensa del territorio, la vivienda y la dignidad social debe ser una prioridad para cualquier gobierno comprometido con el bienestar de su gente.