Defensoría de Oaxaca defiende la libertad de prensa y sanciona a funcionario por agresión a periodista

La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (Ddhpo) emitió una resolución contundente a favor de la libertad de prensa y en defensa de Jorge Arturo Pérez Alfonso, corresponsal del diario La Jornada en Oaxaca. La resolución señala que Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz, incurrió en violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión durante un incidente ocurrido el pasado 10 de mayo en una caravana de migrantes.

El conflicto se suscitó cuando la caravana pretendía arribar a la capital del estado de Oaxaca. En ese momento, Jorge Arturo Pérez Alfonso cuestionó al funcionario Donato Vargas Jiménez sobre la ruta sugerida por su coordinación para llegar a la salida hacia la Ciudad de México. Tras responder a la pregunta, Vargas Jiménez ordenó a su secretario particular retirar al periodista del lugar. En consecuencia, el subalterno empujó al reportero, un acto que quedó registrado en video.

Ante esta agresión, el periodista presentó una queja formal ante la Ddhpo, respaldada por el video de los hechos y el testimonio de dos personas que corroboraron lo sucedido. La Defensoría abrió el expediente DDHPO/705(01)/OAX/2024 y dio inicio a una investigación para determinar responsabilidades y emitir una resolución.

Durante las diligencias, se constató que, aunque Donato Vargas Jiménez no participó directamente en la agresión, incurrió en una falta grave al permitir que se restringiera el derecho a la información del corresponsal. La resolución de la Ddhpo subraya que Vargas Jiménez actuó de forma omisa y violó lo estipulado en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

La Defensoría enfatizó que el intento de retirar al periodista del lugar constituye una restricción al derecho a la información, una garantía fundamental en una sociedad democrática. Esta acción afecta no solo al periodista agredido, sino también al derecho de los ciudadanos a estar informados sobre temas de interés público.

Como parte de la resolución, la Ddhpo ordenó medidas de no repetición para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Entre estas medidas destaca la impartición de cursos de sensibilización en derechos humanos para el personal adscrito a la Coordinación de Delegados de Paz Social. Se espera que estos cursos sean impartidos por expertos calificados con el fin de garantizar una comprensión profunda de los derechos fundamentales y las obligaciones de los servidores públicos.

Geovanni Antonio Ruíz, Director de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno, aceptó la propuesta de conciliación presentada por la Ddhpo. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la fecha ni la metodología exacta en la que se llevarán a cabo estos cursos de sensibilización.

Este caso es un recordatorio del papel crucial que desempeña la prensa en una sociedad democrática y de la obligación del Estado de proteger a los periodistas en el ejercicio de su labor. La resolución de la Defensoría de Oaxaca refuerza el compromiso de las instituciones por garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa y transparente.

La defensa de los derechos humanos y la protección de los periodistas son tareas esenciales para construir una sociedad en la que el diálogo, el respeto y la justicia sean una realidad cotidiana. La resolución emitida por la Ddhpo envía un mensaje claro a los servidores públicos: las agresiones y violaciones a la libertad de prensa no serán toleradas.