Defensa de la Autonomía y el Respeto al Debido Proceso: La Postura de la Universidad de Guanajuato
En un acto de respeto hacia las instituciones y los procedimientos judiciales, la Universidad de Guanajuato (UG) ha marcado distancia con las acusaciones que enfrentan siete de sus estudiantes, implicados en delitos de daños a inmuebles con valor histórico y artístico. Esta situación ha generado un amplio debate en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural al mismo tiempo que se garantizan los derechos humanos y el debido proceso.
La UG, a través de un comunicado oficial, ha declarado su respeto por el proceso judicial en curso, reafirmando su compromiso con los valores democráticos y el respeto a las leyes que rigen nuestra sociedad. “Por respeto al debido proceso no podemos brindar ninguna información para no entorpecer la investigación que lleva la Fiscalía del Estado”, señala la institución, demostrando su postura de no intervención y su confianza en las autoridades judiciales para resolver este asunto con justicia y equidad.
Este episodio se remonta al periodo del 11 de septiembre al 3 de octubre de 2023, cuando aproximadamente 100 universitarios ocuparon las oficinas de la Rectoría exigiendo transparencia en el proceso de designación del nuevo rector. Este acto de protesta culminó con un acuerdo firmado por la recién nombrada rectora, Claudia Susana Gómez López, comprometiéndose a no eliminar las pintas realizadas durante la toma, las cuales serían conservadas como un “memorial” de las demandas y denuncias estudiantiles, asegurando así que no habría represalias contra los participantes.
Sin embargo, el desarrollo posterior ha llevado a la notificación a siete universitarios por parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, acusándolos de causar daños a edificios públicos y bienes de valor artístico e histórico, bajo la investigación dirigida por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, José Antonio Gavia Freire. Esta acusación se fundamenta en las disposiciones del Código Penal que contemplan penas de prisión y multas para quienes dañen patrimonio con valor cultural.
Es importante destacar que la Universidad de Guanajuato no ha especificado su participación en la querella contra los estudiantes implicados, lo que sugiere que la Fiscalía ha actuado de oficio en este caso. Esto resalta la autonomía de las instituciones involucradas y el interés superior de preservar tanto el patrimonio cultural como el respeto a los procesos legales establecidos.
Rodrigo Rivera, uno de los estudiantes investigados, ha denunciado lo que considera una “persecución política” por parte de la Universidad de Guanajuato y otras instituciones. Este señalamiento abre un debate necesario sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la protección del patrimonio cultural y artístico.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre los valores que como sociedad deseamos promover y proteger. La Universidad de Guanajuato, al mantener una postura de respeto hacia el debido proceso y las instituciones, reafirma su compromiso con la construcción de un entorno académico que fomente el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo. Este caso, aún en desarrollo, será sin duda un precedente importante en la historia de la educación superior en México y en la defensa de los derechos humanos y el patrimonio cultural del país.