Decisión Crucial: Hacia la Extinción de Fideicomisos del Poder Judicial
En un movimiento decisivo para el panorama judicial y financiero de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha reiterado firmemente su posición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La CJEF insta a la SCJN a declarar constitucional el decreto que propone la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, constituidos con fondos públicos y que acumulan una considerable suma de 15 mil 434 millones de pesos.
La noche anterior, a través de un comunicado oficial, la CJEF enfatizó que las prestaciones y salarios de los servidores públicos del Poder Judicial están plenamente asegurados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Contrariamente a lo que se ha especulado, se aclara que estos fideicomisos no son necesarios para cubrir dichos salarios y prestaciones. Este anuncio responde a las dudas generadas en el sector y busca transmitir una imagen de transparencia y seguridad fiscal.
Este llamado a la imparcialidad y justicia de la SCJN tiene un trasfondo importante: el deseo de reasignar los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco, gravemente afectado por el huracán Otis. Esta medida refleja el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, con la reactivación económica y social de la región.
Recordemos que la iniciativa de extinción de los fideicomisos fue aprobada por Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, a pesar de la oposición de otros bloques políticos. Este tema ha generado un intenso debate político, evidenciado en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición ante la Corte.
El ministro Javier Lainez Potisek, en diciembre pasado, otorgó una suspensión provisional que detuvo temporalmente la desaparición de los fideicomisos, dejando en vilo la decisión final de la SCJN.
En su boletín, la CJEF subraya que los salarios y prestaciones de los empleados del Poder Judicial federal están amparados por el artículo 123 de la Constitución y otras normas laborales. De manera enfática, señalan que los fideicomisos no deben usarse para otorgar prestaciones extraordinarias no establecidas por ley, manteniendo así una postura de rigor fiscal y legal.
En el corazón de esta argumentación se encuentra el principio de que ninguna persona o corporación puede recibir más salarios y prestaciones que los estipulados por ley, conforme al artículo 13 constitucional. La CJEF asegura que las obligaciones derivadas de los fideicomisos se cubrirán con los recursos de los mismos, resguardando así los derechos y obligaciones correspondientes.
La Consejería recalca la importancia de actuar con imparcialidad y respeto a la división de poderes, conforme al artículo 49 de la Constitución. Destaca que la SCJN debe priorizar el análisis de la constitucionalidad de las normas, dejando de lado los formalismos procedimentales.
Finalmente, la CJEF insiste en que los recursos para los trabajadores del Poder Judicial están debidamente autorizados en el PREP 2024, cubriendo seguros de vida, gastos médicos, retiros y otras prestaciones. Con esto, afirma que los derechos laborales de los servidores públicos del Poder Judicial están completamente salvaguardados y que la extinción de los fideicomisos no compromete la independencia judicial.
Con estos argumentos sólidos y convincentes, la CJEF hace un llamado a la SCJN para que declare la constitucionalidad del decreto y permita así una reasignación de recursos que beneficiará a la reconstrucción de Acapulco y a la salud financiera de la nación.