Debate sobre descongelamiento de cuentas revela tensiones entre UIF y Poder Judicial
Ciudad de México.— En un firme posicionamiento contra la impunidad financiera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, denunció este martes la actuación sistemática del Poder Judicial para frenar los esfuerzos del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y la corrupción. Desde diciembre de 2018 a la fecha, la UIF ha congelado cuentas por un monto global de 32 mil 531 millones de pesos, pero decisiones judiciales han revertido el congelamiento de cuentas que suman 23 mil 575 millones, permitiendo así la reactivación de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó las declaraciones del titular de la UIF al señalar que estas acciones judiciales forman parte de una estructura de colusión y corrupción que debe ser erradicada. “No puede ser esta colusión y esta corrupción. Cuando se demuestra que hay lavado de dinero… y se liberan las cuentas, eso se llama corrupción”, expresó Sheinbaum, quien agregó que estos actos son parte de las razones del proceso que “va a ocurrir el 1º de junio”, en referencia a las elecciones que definirán una posible transformación del Poder Judicial, aunque sin mencionar el evento explícitamente por respeto a las restricciones del Instituto Nacional Electoral.
Pablo Gómez subrayó que desde hace tres años la UIF elaboró una matriz de riesgo del Poder Judicial, cuyos resultados fueron presentados al Consejo de la Judicatura, el órgano responsable de vigilar la actuación de jueces y funcionarios judiciales. A pesar de múltiples quejas formales sobre casos específicos de jueces y secretarios, no ha habido respuesta alguna. “Lo digo así, dramáticamente: nunca hemos visto ninguna respuesta”, lamentó.
Uno de los casos más recientes que ilustra esta preocupante dinámica judicial es el de la ex conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes obtuvieron, a través de un amparo, el descongelamiento de sus cuentas bancarias pese a enfrentar órdenes de aprehensión. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa confirmó una sentencia que obliga a liberar dichos recursos, incluso antes de iniciar un juicio de fondo, lo que pone en entredicho la acción de la justicia.
Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, la UIF ha incluido en la lista de personas bloqueadas a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 empresas, sumando 7 mil 815 sujetos. Además, se han congelado cuentas por 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, reflejando el alto riesgo que México enfrenta por su cercanía al mayor mercado del mundo en materia de operaciones financieras ilícitas.
La presidenta Sheinbaum adelantó que, ante estos excesos, se están preparando reformas legales, incluida una posible modificación a la Ley de Amparo, para impedir que los recursos sean liberados antes de que se resuelva un juicio de fondo. “Tiene que haber un juicio de fondo… no una primera suspensión para liberar los recursos”, enfatizó.
Así, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y la consolidación de un Sistema de Inteligencia Financiera que no se vea obstaculizado por intereses que actúan en detrimento del pueblo.