Crisis Policial en Campeche: Creación de Nueva Fuerza y Acusaciones de Manipulación

En medio de una crisis policial sin precedentes en Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román ha anunciado la formación de una “nueva policía” integrada por los agentes que decidan terminar su protesta y retornar al servicio, además de los recién graduados de la Academia. Este movimiento surge como respuesta al paro laboral que mantienen más de 700 uniformados desde el 16 de marzo, una situación que la gobernadora atribuye a manipulaciones externas.

Sansores San Román apuntó directamente al ex gobernador priísta Alejandro Moreno Cárdenas y al ex alcalde de Campeche por Movimiento Ciudadano (MC), Eliseo Fernández, como los instigadores de la huelga policial. A través de un mensaje en redes sociales, la gobernadora acusó a nueve elementos policiacos de liderar la protesta bajo influencia de intereses partidistas y personales, afirmando además que estos individuos tienen antecedentes de corrupción.

En un intento por solucionar el conflicto, la gobernadora indicó que ya ha atendido las 21 demandas presentadas en el pliego petitorio de los policías en paro, añadiendo cuatro propuestas adicionales. Sin embargo, la principal exigencia de los manifestantes, la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, sigue sin ser atendida, lo que alimenta la continuidad de la protesta.

Sansores San Román ofreció una nueva oportunidad para que los policías inconformes regresen a sus labores, invitándolos a reportarse en la Academia de Policía. Aseguró que no habría represalias contra quienes decidan volver, pero advirtió que persistir en la protesta podría resultar en investigaciones por motín y sabotaje, además de la terminación definitiva de sus empleos.

La mandataria reiteró su postura de que el movimiento está influenciado negativamente por la participación de los partidos PRI y MC, así como por los nueve policías acusados de corrupción, quienes, según anunció, serán despedidos y denunciados ante la Fiscalía General del Estado en las próximas horas.

Los policías en paro respondieron a las declaraciones de la gobernadora, acusándola a su vez de politizar y partidizar el conflicto. Afirmaron que, a pesar de las amenazas, continuarán su protesta exigiendo la renuncia de Muñoz Martínez. En un giro reciente, al menos cinco elementos encargados del C-5 fueron relevados de sus funciones, una medida que los afectados consideran represalia y solicitan se realice siguiendo los protocolos institucionales para evitar futuras acusaciones de abandono de empleo o sustracción de equipo.

Esta crisis refleja la complejidad de los desafíos de seguridad y gobernanza en Campeche, poniendo en relieve las tensiones entre la administración estatal y su cuerpo policiaco, en un contexto donde las acusaciones de manipulación política exacerbam la situación.