Crisis Humanitaria en Chiapas: Miles Desplazados por Narcoviolencia
La situación en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, en las regiones de la Sierra y Frontera de Chiapas, ha alcanzado niveles de crisis humanitaria, con al menos 2 mil 300 personas desplazadas forzosamente desde el 15 de enero de 2024 debido a la narcoviolencia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha alertado sobre esta grave situación, exigiendo una respuesta urgente de los gobiernos federal y estatal.
Frayba, en un comunicado emitido recientemente, subraya la importancia de atender a las víctimas de desplazamiento forzado, instando a la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la ONU y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. La situación se ha agravado desde principios de enero de 2024, con la violencia intensificándose en estas regiones.
Los desplazamientos se enmarcan en un contexto de violencia generada por la lucha por el control del territorio entre grupos de la delincuencia organizada. Desde junio de 2021, más de 10 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, huyendo para salvar sus vidas.
El 15 de enero de 2024 se reportó un intenso enfrentamiento entre grupos armados en los límites de Nuevo Chejel (Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo), con testimonios de desapariciones, homicidios y reclutamiento forzado. La llegada de las Fuerzas Armadas el 16 de enero, y su intento de ingreso a Nueva América, resultó en represión y uso excesivo de la fuerza, dejando heridos y estragos en la comunidad.
A pesar de las dificultades para documentar estos hechos, Frayba ha confirmado la existencia de al menos 2 mil 300 personas desplazadas forzadamente. Estas personas pertenecen a diversas comunidades de Chicomuselo, La Concordia, y Socoltenango, refugiándose en cabeceras municipales y, en algunos casos, migrando a lugares como Playa del Carmen y Campeche. Aquellos que no pudieron salir son en su mayoría personas mayores, enfermas o con limitada capacidad de movilidad.
Es lamentable que, ante esta emergencia, la responsabilidad de brindar refugio, cobijo y alimentos haya recaído en la sociedad civil de los municipios receptores. Esto se da en un contexto donde la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas ha minimizado la situación, refiriéndose a las víctimas como personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo.
El organismo, presidido por el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, recuerda que esta situación no es nueva. Han denunciado anteriormente la agudización de la violencia en estas regiones, que continúa generando un desplazamiento forzado constante.
Esta crisis en Chiapas es un llamado urgente a la acción gubernamental, no solo para brindar asistencia inmediata a los afectados, sino también para abordar las causas subyacentes de esta violencia y desplazamiento. Es imperativo que se trabaje coordinadamente para garantizar la seguridad y los derechos humanos de todos los habitantes de estas regiones.