Crisis humanitaria en Chiapas: Llamado urgente a la acción
Más de cien redes, agrupaciones y colectivos en México han hecho un llamado urgente al Estado para que brinde una atención integral a la población afectada directamente por la violencia en los municipios de la sierra y la frontera de Chiapas. En esta región, los cárteles de la droga han estado disputando el territorio, lo que ha generado una crisis humanitaria.
En una carta dirigida a los tres niveles de gobierno, estas organizaciones demandan una serie de acciones inmediatas. En primer lugar, exigen atención urgente para las víctimas de desplazamiento forzado y la creación de condiciones seguras para su regreso. También piden que se aborden las necesidades humanitarias básicas, como alimentación, atención médica y refugio en medio de la emergencia. Además, se insta a garantizar la seguridad de la población y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los responsables de la violencia y asegurar que se haga justicia.
Las organizaciones también hacen un llamado a implementar una estrategia integral que no dependa exclusivamente de la militarización prolongada, ya que consideran que no es una solución sostenible para lograr una verdadera pacificación. Además, solicitan la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del territorio y la ciudadanía en general en Chiapas, especialmente en la región frontera y la sierra.
Estas agrupaciones señalan que la situación en la región ha empeorado en los últimos dos años, caracterizada por un fuerte control social a través del terror y la violencia armada. La población civil se ha convertido en rehén y se ve obligada a participar en acciones a favor de uno de los bandos, lo que agrava la crisis humanitaria. Además, la interrupción de suministros básicos ha causado angustia y ha paralizado a la población, que teme represalias de los grupos criminales en disputa.
Frente a esta situación, estas organizaciones enfatizan que el Estado tiene la responsabilidad urgente de proteger a la población y prevenir violaciones graves de los derechos humanos, en un contexto de histórica marginación en la región. La disputa por el territorio en la frontera con Guatemala, que comenzó hace más de dos años, ha generado un aumento significativo en los enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y bloqueos carreteros debido a la división y enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).