Crece el apoyo a México en su demanda contra armeros de EE.UU.
El gobierno de México avanza con paso firme en su batalla legal contra los fabricantes de armas estadounidenses, respaldado por una creciente coalición de autoridades y organizaciones que exigen justicia. La Suprema Corte de Estados Unidos ha recibido, desde enero, nueve escritos de apoyo a la demanda mexicana, presentados por fiscales de 16 estados y del Distrito de Columbia, así como por importantes organizaciones que buscan frenar la violencia armada.
La demanda, originalmente interpuesta en 2021 contra siete fabricantes de armas y un distribuidor mayorista —Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock, Sturm, Ruger & Co., y Witmer Public Safety—, sostiene que estas empresas han facilitado el tráfico ilegal de armas hacia México a través de prácticas comerciales negligentes. En 2022, un juez federal desestimó el caso, pero en 2024 un tribunal de apelaciones lo reactivó, y ahora la Suprema Corte deberá decidir si México tiene derecho a proceder con su reclamo.
Las armeras han solicitado a la Corte que intervenga bajo el argumento de que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) las blinda contra cualquier responsabilidad derivada del uso delictivo de sus productos. Sin embargo, el gobierno mexicano argumenta que esta protección no se extiende a los casos en los que las propias empresas incurren en conductas ilícitas, facilitando el acceso de grupos criminales a su armamento.
En un contundente documento de 28 páginas, fiscales y procuradores de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Vermont y Washington D.C. sostienen que la ley estadounidense no otorga inmunidad absoluta a los fabricantes de armas. En su argumentación, subrayan que México reclama una compensación de 10 mil millones de dólares debido a los daños que estas compañías han causado con sus malas prácticas comerciales, las cuales han alimentado los altos niveles de violencia en territorio mexicano.
A este respaldo se suman organizaciones de peso en la lucha contra la violencia armada. Everytown for Gun Safety, la mayor agrupación en su tipo en Estados Unidos, recordó en su escrito que los tribunales han determinado en múltiples casos que la PLCAA no exime a las empresas de responsabilidad cuando incurren en conductas ilegales. De igual forma, March for Our Lives Action Fund —fundada tras la tragedia en la escuela de Parkland en 2017— destacó que los fabricantes han sido plenamente conscientes de cómo sus productos han sido utilizados para matar, mutilar y herir a personas inocentes, incluidos niños.
Por otro lado, la Suprema Corte también ha recibido 17 escritos a favor de las armeras, firmados por fiscales de 27 estados, el senador republicano Ted Cruz y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), entre otros. Estos argumentan que la violencia en México es responsabilidad del propio gobierno y de ciudadanos que buscan protegerse ante la inseguridad.
La primera audiencia del caso está programada para el 5 de marzo, cuando ambas partes expondrán sus argumentos ante la Corte. La resolución de este litigio podría sentar un precedente sin precedentes en la lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de los fabricantes en la violencia que afecta a México.