¡Corrupción y abusos: El clamor de ‘Ni perdón ni olvido’ en México!

La consigna “ni perdón ni olvido” resonó en las marchas por la dignidad en México. Su objetivo era recordar las injusticias y ofensas infligidas por el Estado durante los años de represión, guerra sucia, saqueo y abuso desmedido de los recursos nacionales en beneficio de la clase gobernante y sus familias. Es como si creyeran tener derecho absoluto sobre ellos, al igual que ocurre en las monarquías.

El perdón implica justificar las acciones perpetradas por otros contra los débiles, los desamparados y las denominadas “minorías”. Es un recurso que los represores pueden utilizar para explicar las razones detrás de su represión, tortura y uso del ejército contra el pueblo. Incluso justifica el saqueo actual de la nación en beneficio personal. Al comprender y adoptar esas razones como nuestras, terminamos agradeciendo estos actos innobles y antidemocráticos.

Si perdonamos a un ladrón, nos ponemos en sus zapatos para entender las razones que lo llevaron a robar. Sin embargo, esto solo se justifica en casos en los que el robo se origina por la pobreza extrema o el hambre. En otros casos, cuando alguien se apropia de los bienes de otra persona porque no quiere esforzarse por obtener un empleo y ganarlos de manera lícita, perdonar esa falta es respaldar y fomentar esa conducta delictiva. Lo mismo aplica para estafadores, traidores a la patria, violadores, pederastas, políticos corruptos y genocidas.

Un “servidor público”, cuyo deber primordial debería ser un honor, que utiliza su cargo para llevar a cabo negocios ilícitos que involucran dinero obtenido de forma ilegal y no moral, merece el descrédito de la ciudadanía como primer castigo. Al perdonar y olvidar el nombre, cargo y delitos de ese funcionario, se fomenta la corrupción, la impunidad y se allana el camino para que cada falta posterior sea peor y más grave que la anterior.

Apuesto a que la primera vez que algún funcionario corrupto cometió un delito menor, como desviar un presupuesto o aceptar un soborno, pensó que nadie se daría cuenta y que no dañaba a nadie. Esta impunidad lo alentó a cometer delitos cada vez más graves.

Es importante recordar la entrevista entre Diego Fernández de Cevallos, Joaquín López-Dóriga y Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones de 2000. En esa ocasión, el hoy presidente invitaba a la gente a recordar lo que estaba en juego y quiénes eran parte de la corrupción política. Diego, el opositor de peluche, alias “la ardilla”, intentaba justificar la quema de boletas que había ordenado después del fraude de 1988. Negaba la existencia del PRIAN y afirmaba que el PAN había votado en contra de muchas iniciativas del PRI en el Congreso. Sin embargo, sus insultos contra la oposición, hoy le han causado su propia perdición.

Diego se defendía diciendo que en todos los países civilizados, las oposiciones respetadas a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y otras veces en contra. Según él, solo los “enfermitos mentales” asumen que para ser honestos hay que estar en contra del gobierno. Sin embargo, las palabras de Diego revelan la visión estrecha de aquellos que no comprenden que ser minoría implica no ganar en las votaciones y que las curules existen para representar a la gente y sus necesidades.

Es lamentable que la oposición actual, en una moratoria legislativa ilegal e inconstitucional desde junio de 2022, se niegue a debatir y leer las iniciativas de reforma presentadas. En lugar de demostrar su legítimo derecho a disentir, su actitud irresponsable y payasa revela un bloque dispuesto a favorecer a los grupos elitistas que buscan tomar el control del país como si fuera un botín en un asalto.

La justificación de la oposición es estar en contra, pero ¿en contra de qué? Aseguran estar en contra de un hombre que supuestamente quiere adueñarse del país, que despacha desde el palacio, al que llaman dictador y acusan de querer reelegirse. Sin embargo, este fantasma descrito se ajusta más a cualquiera de los “presidentes” anteriores que trabajaban apenas 10 horas a la semana y se convirtieron en peones reemplazables en el escenario político. Su ambición de dinero y poder los llevó a desmantelar al Estado, despojando a bancos, empresas ferroviarias, eléctricas, petroleras y telefónicas, otorgando concesiones de explotación del territorio y modificando la Constitución más de 750 veces, no siempre en beneficio de los derechos humanos de los mexicanos, sino para favorecer a los amigos en el poder.

Durante este sexenio, se han llevado a cabo 19 reformas en diversas áreas. Sin embargo, ninguna de ellas ha llevado al país a abusar de sus facultades y perjudicar al pueblo. No ha habido mejores resultados porque la oposición se ha negado a discutir lo propuesto. Aun así, acuden a la Corte exigiendo revisar posibles violaciones en el proceso legislativo, alegando que se aprobaron reformas “en lo oscurito” y sin su participación. Sin embargo, parecen olvidar que tienen la prerrogativa de participar y que su ausencia en la discusión es resultado de su incompetencia.

Es fundamental entender la importancia de votar por los partidos aliados del pueblo mexicano, aquellos que buscan transformar las reglas del juego para evitar que el poder judicial entorpezca la lucha de los opositores contra el Ejecutivo, el Legislativo y el pueblo que los ha elegido legítimamente como representantes.

No debemos olvidar el daño que los legisladores de la oposición y las resoluciones del poder judicial han causado a esta transformación. Es necesario seguir luchando por un país más justo, donde la corrupción y la impunidad no sean la norma. No podemos permitir que se obstruya el avance y el cambio necesario para construir un México mejor.

Es imperativo recordar que la impunidad y la corrupción han plagado a México durante décadas. Los casos de funcionarios corruptos, desvíos de fondos públicos, sobornos y abusos de poder han dejado un profundo impacto en la sociedad y en la confianza de los ciudadanos hacia sus líderes. Es comprensible que exista un sentimiento de indignación y la consigna de “ni perdón ni olvido” se vuelva una demanda legítima.

Sin embargo, es importante reflexionar sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la justicia y la reconciliación. Si bien es vital que se investiguen y se castiguen los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, también debemos buscar la construcción de un país en el que impere el Estado de derecho y la paz social.

La reconciliación no implica impunidad ni olvido. Significa que, una vez que los responsables sean llevados ante la justicia y se les impongan las sanciones correspondientes, se abra la posibilidad de reconstruir el tejido social y fortalecer las instituciones. Es un proceso necesario para sanar las heridas de una sociedad dividida y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.

Es comprensible que muchas personas sientan que perdonar a aquellos que han cometido actos de corrupción y abuso de poder es una traición a la justicia. Sin embargo, debemos recordar que el objetivo final es construir un país en el que prevalezcan la transparencia, la honestidad y el respeto por los derechos humanos. Esto implica no solo castigar a los culpables, sino también generar cambios estructurales que prevengan la corrupción y fomenten una cultura de legalidad.

El camino hacia la reconciliación y la construcción de un México mejor no será fácil. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de instituciones sólidas y confiables, así como de líderes comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a este proceso y exigir un país en el que la impunidad y la corrupción sean cosa del pasado.

En conclusión, la consigna de “ni perdón ni olvido” surge como una expresión de indignación frente a los abusos y la corrupción que han afectado a México. Sin embargo, debemos buscar un equilibrio entre la justicia y la reconciliación para construir un país más justo y equitativo. La reconciliación no implica impunidad ni olvido, sino la oportunidad de reconstruir y fortalecer el tejido social. Es un proceso necesario para sanar las heridas de una sociedad dividida y avanzar hacia un futuro en el que prevalezcan la transparencia, la honestidad y el respeto por los derechos humanos. La construcción de un México mejor requiere de la participación activa de todos y el compromiso de líderes comprometidos con la legalidad y la rendición de cuentas.